«En la evaluación ambiental de PGOU, la Junta actúa como los independentistas»

Ecologistas en Acción recurrirá al TSJA el plan de ordenación de Chiclana si se aprueba al entender que aunque cumpla la normativa andaluza, va en contra de la estatal y de la UE.

La Junta y el Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) se resisten a abrir un nuevo capítulo en la historia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero Ecologistas en Acción está decidida a contribuir a hacerlo. La organización advirtió a ambas administraciones hace meses de que, si continuaban tramitándolo y lo aprobaban, podría acabar anulado por el Tribunal Supremo (TS), como el de Marbella (Málaga), por no haberse sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). De hecho, el Consistorio planteó una consulta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre la incidencia que el frenazo al PGOU marbellí podría tener en el procedimiento de Declaración Ambiental Estratégica seguido en el caso del de Chiclana y, en definitiva, en el avance hacia el visto bueno del documento final.

El Gobierno autonómico ha respondido en tres párrafos. En el escrito, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, al que tuvo acceso LA RAZÓN, se recomienda incorporar a la información ambiental del plan un estudio del que carecía el de Marbella y se apunta que, una vez completada esa documentación, el Ayuntamiento podrá optar por «solicitar la modificación de la Declaración Ambiental Estratégica» de agosto de 2015, o por pedir que «se dicte» otra nueva, tras el «preceptivo trámite de información pública». Una contestación «delirante», tras «meses de deliberación», a juicio de los ecologistas. Y es que para ellos, existe «una gran diferencia entre lo que la Junta dice que hay que aplicar a los planes urbanísticos y lo que establece la Directiva 2001/42/CE de la Unión Europea (UE) y la ley estatal». ¿A qué se refieren? Mientras el Ejecutivo andaluz «exige un Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que elaboran los ayuntamientos sin participación ciudadana previa alguna –sólo se pueden aportar medidas correctoras a decisiones urbanísticas ya tomadas–», la normativa nacional y comunitaria marcan «un proceso previo de consultas para definir los objetivos, las propuestas y los proyectos a incluir en el plan, que deben estar perfectamente justificados». A ello suman, «el estudio de opciones alternativas a todas las iniciativas incluidas, en este caso, en el PGOU, hecho que nunca se ha hecho hasta ahora», explican desde Ecologistas en Acción. El responsable de Urbanismo de la organización en la comunidad, Juan Clavero, lo tiene claro: «En la evaluación ambiental de los planes urbanísticos la Junta actúa como los independentistas catalanes, lleva 10 años defendiendo que sólo se deben a sus propias leyes sin respetar la normativa estatal ni las directivas comunitarias», sintetiza. Confirma a este periódico la implicación de su organización en este asunto y recalca: «Si aprueban el PGOU lo recurriremos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)». «Lo hicimos con el plan general de ordenación anterior y lo anularon», apostilla.

Para Ecologistas, las administraciones local y autonómica intentan eludir la fórmula fijada por la ley estatal y por Europa en este ámbito, obviando fallos judiciales firmes, por un motivo. ¿Cuál? «Saben que no pueden justificar la recalificación de 33.996.970 metros cuadrados y la construcción de 17.190 nuevas viviendas, con unas previsiones de aumento de más de 40.000 habitantes, cuando Chiclana está estabilizando su población con tendencia a medio plazo a disminuir», exponen con redoblada rotundidad.