Fin a los incentivos para los profesores que más aprobaban

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía confirmó ayer a los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial su renuncia a seguir adelante con el actual Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los centros educativos públicos de la comunidad, que preveía incentivos de hasta 7.000 euros para los docentes, aunque permitirá que los centros adscritos al mismo y que aún no se encuentren en una fase terminal del proceso puedan finalizarlo.

El presidente de la Federación de Enseñanza de CSI-F en Andalucía, Francisco Hidalgo, indicó a Europa Press que la Consejería, en este sentido, ha manifestado que no se continuará con esta iniciativa en tanto que la futura orden no recogerá la posibilidad de nuevas incorporaciones o de renovaciones en el mismo, en lo que supondría una parálisis del programa.

A expensas de conocer si habrá algún tipo de plan sustitutorio, Hidalgo señaló «un cúmulo de circunstancias» como posible causa de esta decisión, tales como «las expectativas por encima de la realidad», las sentencias judiciales en contra del programa –la última, del Tribunal Supremo, declaraba firme su anulación, aunque la Junta ya había adaptado el programa al fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)–, el hecho de que en muchos centros el profesorado «no lo haya aceptado» o la propia crisis, «aunque esperamos que el dinero que no se gaste en este concepto se reinvierta en otros como la mejora de la calidad educativa o el aumento de la plantilla».

La Consejería de Educación ha emplazado a los sindicatos a una Mesa Sectorial que se celebrará a mediados del mes de enero para abordar el futuro del Plan de Calidad y analizar los términos del programa, precisaron a Europa Press fuentes de la administración autonómica.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO-A, José Blanco, subrayó que el anuncio «no ha sorprendido al sindicato» y recordó que «ese programa ya estaba muerto desde el momento que la Junta de Andalucía dejó de dotarlo de los recursos humanos y de los refuerzos educativos asociados que conllevaba su aplicación y a los que se había comprometido».

Para Blanco, es necesario negociar el procedimiento por el que este programa va a ser suprimido, «puesto que en ningún caso deben ser eliminados los derechos adquiridos del profesorado que decidió aplicarlo». No obstante, «hay que llegar más allá y cuestionar todos los programas educativos que viene aplicando la Junta de Andalucía», dijo.