Griñán pudo parar el fraude «en cualquier momento» y «sin necesidad de informes»

Los responsables del uso inadecuado de las transferencias eran «los gestores de Empleo», según un interventor

El interventor adjunto a la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor delegado del control financiero permanente de 1999 a 2010 Ignacio García Revilla se amparaba, en su segunda sesión testifical, en la incapacidad para responder a «juicios de valor» sobre el grado de conocimiento o responsabilidad que pudiera tener el Consejo de Gobierno de la Junta en relación al fraude de los ERE y al llamado «procedimiento específico». «Los gestores de Empleo son los que hacen el uso inadecuado de las transferencias». Ahí quedaba el cortafuegos. «Presupuestan también los gestores de Empleo». ¿Y después de los informes de Intervención, qué ocurría en la Consejería de Hacienda y en el Consejo de Gobierno?, insistían los abogados de la acusación particular. «Desconozco si les llegaban». El uso inadecuado de las transferencias «sí se recogió en el informe para el Consejo de Gobierno», replicó el letrado del bufete García Navarro & Fuster. «Pero los informes hablaban de años anteriores», señaló el testigo. «¿Podía el Gobierno andaluz haber cambiado los presupuestos y corregir (las irregularidades)?». «Son juicios de valor», se enrocaba García Revilla. Sostiene un proverbio africano que el cazador que persigue un elefante no se detiene a disparar a los pájaros. «De acuerdo con el interventor general, el consejero de Hacienda (por entonces Griñán) podía haber intervenido para parar la situación 'cuando reciba los informes definitivos' y podía pasar los informes al Consejo de Gobierno». «Incluso sin informe del interventor podía», «en cualquier momento», señaló el testigo. «¿En 24 horas, como dijo Manuel Gómez, podía haberse parado?» (el fraude). «Él tiene más información, pero si así lo ha considerado es porque lo considera factible».

El interventor adjunto se mostró «completamente de acuerdo» con el testimonio del ex interventor Manuel Gómez, en relación a que el consejero de Hacienda «podía en cualquier momento parar esta situación». «Sin lugar a dudas hay una carencia de control» con las transferencias de financiación, señaló el testigo, que explicó que se trata de «una entrega a fondo perdido» mientras que «la encomienda tiene contraprestación. Se le encarga una actividad, se espera un retorno». Para García Revilla, se trata de «un problema de ejecución de presupuesto, sin lugar a duda». «El gestor debe elegir la fórmula que más se adecúe», dijo, y si la Intervención «detecta indicio de delito, hay que ponerlo en conocimiento del fiscal», un procedimiento «de conocimiento general» porque «va implícito en la función pública». En caso de «responsabilidad contable, se va a la Consejería de Hacienda». Con los ERE no se detectó menoscabo al tratarse de «un procedimiento administrativo sumergido». «No procede, era Empleo la que tenía que fiscalizarlo».

“Una cuestión de legalidad”

«El informe adicional no es una vía establecida para comunicar un supuesto de responsabilidad contable. Se emite porque se detectan circunstancias en el marco de control financiero cuya responsabilidad se entiende que está fuera de la entidad controlada», señaló García Revilla, que ratificó que con los ERE «se

prescinde del procedimiento establecido». «Un convenio marco es un convenio marco, el tema es cómo se ejecuta», dijo, apuntando a «obligaciones de pago por encima de la disponibilidad» y «compromisos con terceros». En definitiva, «una cuestión de legalidad, no de eficacia u oportunidad».