Invercaria «fichó» a la ex secretaria de Chaves cuando se fue a Madrid

Una de las auditoras de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalizó en 2009 la empresa de la Junta Invercaria, investigada por el titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, identificó ayer a uno de los «mochileros» –personas en nómina pero que no trabajaban físicamente en la sede de la entidad– como una ex secretaria del ex presidente del Ejecutivo regional, Manuel Chaves.

La declarante en calidad de testigo María José González, que en el momento de la realización del análisis del ente fiscalizador era ayudante de auditoría, declaró que el «personal de Invercaria» sabía de la existencia de los «mochileros» y en concreto de «una señora que había sido secretaria personal de Manuel Chaves» y que cuando «éste se fue a Madrid –en 2009 para incorporarse al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– la pusieron en nómina de Invercaria». Se refería a Jamie Lynn. Con todo, precisó que «durante la realización del trabajo de campo de octubre de 2010 a octubre de 2011 es cuando le dicen que esa persona ya no se encuentra» en Invercaria. A preguntas de uno de los letrados, admitió que «no hizo constar en ningún documento» el que Lynn hubiera sido empleada de Chaves ni tampoco «que estaba en su casa». Y ello, pese a que sí lo cree «relevante».

¿Por qué no lo reflejó en el trabajo de campo? Según adujo porque «se dijo en presencia» de su superiora» y ésta lo trasladó al informe definitivo «aunque no en los términos de que era secretaria de Chaves, sino de que estaba percibiendo una remuneración sin tener constancia de que realmente estaba contratada» por la sociedad pública investigada.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, indicó desconocer que los tres «mochileros» señalaron en 2009 que trabajaban «en distintos centros a jornada completa». Pero hubo apostilla: le «extraña» que 16.000 euros, que no aclara quién cobraba, pudieran «corresponderse» con «un trabajo a jornada completa». Relató también al magistrado que pidieron los expedientes de los empleados al margen de la sede «y no se los facilitaron». A lo que añadió que, en relación a ese colectivo, lo que «más le sorprendió fue el importe tan elevado de remuneración de alguno de ellos, como el de Óscar Fernández Vicioso –ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga)–». ¿A cuánto ascendía? Según la técnico a «unos 80.000 euros», a lo que habría que añadir «gastos de viajes». En relación a éstos apunta que «no se pudo demostrar que los justificantes» de aquéllos «tuvieran alguna relación o vinculación con la actividad de Invercaria».

Su superiora y jefa del equipo de la Cámara de Cuentas que realizó el informe de fiscalización de 2009, Amelia Martínez, testificó que la empresa pública no facilitó los expedientes necesarios para la auditoría «con prontitud». A lo que añadió que la «explicación» que le dieron para justificar la tardanza es que «los tenían que limpiar» antes de su remisión al equipo auditor porque había correos electrónicos de la Consejería de Innovación que «no tenían por qué ver». La economista manifestó que los expedientes carecían de informe técnico sobre las inversiones y en el caso de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), el proyecto fallido que costó 1,6 millones a las arcas públicas, confirmó que no existía propuesta de inversión.

Martínez apuntó, asimismo, que Invercaria incumplía la orden de incentivos sobre el fomento de la innovación y desarrollo empresarial de la comunidad, lo que implicaba que los beneficiarios podían saltarse los requisitos legales exigidos, y sólo estaban sujetos a los fijados por Invercaria. En ese sentido, expuso que ante la muestra que analizó «no observó un procedimiento homogéneo» para la concesión de las ayudas. Es más «no observó procedimiento alguno» y concluyó que «cada uno es de su padre y de su madre». No obstante, la auditora puntualizó que no podía asegurar que esa ausencia de procedimiento pudiera «implicar» un menoscabo en los fondos públicos que manejaba Invercaria». Ahora bien, en su opinión, de «haberse seguido el procedimiento de la orden de incentivo», se hubieran evitado riesgos.

Preguntada si las irregularidades detectadas en la empresa de la Junta que centra la causa son comunes a otras sociedades que gestionan dinero público manifestó que «Invercaria es algo particular porque se trata de capital riesgo», pero que aspectos como los «mochileros» o gastos sin justificar se repiten en otros entes dependientes de Innovación como CITA Andalucía.