José Luis Díez Ripollés: «Hay que saber adelantarse a conductas ilícitas. Faltan mecanismos de control»

José Luis Díez Ripollés, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga y, desde 1991 dirige la Sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología al tiempo que es miembro del Consejo de redacción de la Revista de Derecho penal y Criminología de España. En 2008 formó parte de una comisión del Grupo de Estudios de Política Criminal en Andalucía que elaboró propuestas concretas para prevenir la corrupción urbanística.

–¿Qué aporta la ciencia de la Criminología a la delincuencia?

–Es una disciplina muy necesaria en España. Aporta un análisis apegado a la realidad sobre las distintas variables de la delincuencia y ofrece las medidas que habrían de adoptarse para prevenirla. Frente a un enfoque tradicional centrado en la aprobación y aplicación de Leyes por parte de los distintos gobiernos, la criminología aporta estudios sobre la realidad social.

–¿Cómo está España, y dentro de ésta Andalucía, en materia de delincuencia?

–Siempre hemos sido y seguimos siendo, pese a incremento desde la década de los ochenta, un país con baja tasa de criminalidad. De los más bajos de toda Europa occidental, que es como decir de todo el mundo porque sus tasas son bajas. Ni siquiera estos últimos años, por el momento que vivimos, parece que la crisis haya incrementado los índices de criminalidad excesivamente. No hay que olvidar que existe una política criminal muy dura que acarrea que haya elevadas tasas de encarcelamiento. No en vano, en Europa Occidental estamos a la cabeza en reclusión. En Andalucía estamos un poquito por encima de la media en tasas de delictividad pero sin grandes diferencias.

–¿Qué factores determinan las distintas variables que modulan la delincuencia?

–Creo que la crisis terminará dando lugar a un repunte de la delincuencia, pero por el momento está siendo leve. Las causas de delincuencia son muy variadas. Hay factores que tienen que ver con carencias educativas, formativas, familiares, económicas, incluso problemas de personalidad. Se trata, en definitiva, de déficits de naturaleza social.

–¿Cómo han evolucionado los «modus operandi»?

–Existe en los últimos tiempos un tipo de delincuencia que nos preocupa mucho: la que protagonizan las clases sociales más favorecidas. Los «poderosos» que acceden a medios y contactos. ¿Los factores? La codicia, el lucro, el afán de tener más dinero y dentro de la escala social un papel protagonista dentro de esas clases altas. Todo ello, unido por supuesto a una carencia de valores de moral social que hacen no distinguir interés privado y público.

–¿Tiene límites la corrupción política?

–Hay algunas personas que ejercen la función pública sin ser a veces conscientes de que aunque su infracción no suponga un delito per se, sí tiene efectos de otra índole, por ejemplo en la sociedad. Luego están los agentes privados, y esos sectores que han considerado tradicionalmente que se podía hacer cualquier cosa para enriquecerse. La banca, entre otros.

–Málaga ha sido una de las provincias españolas que más episodios de corrupción urbanística ha registrado en las dos últimas décadas. ¿Han tocado techo las prácticas ilegales en torno a la ordenación del territorio?

–Es difícil preverlo. El cese de la actividad inmobiliaria no se debe a ningún motivo, sino a que las posibilidades de lucro han descendido notablemente. Ese cambio de actitud responde en parte a que hay menos posibilidad de negocio. Cuando se reactive el sector, observaremos cómo evoluciona.

–¿Y los ciudadanos, qué papel desempeñan?

–Hay que señalar que la administración de la Justicia ha reaccionado. Le ha costado, pero también hay que tener en cuenta que deben respetarse las garantías de los acusados. En cualquier caso, para prevenir conductas ilícitas habría que incrementar actuaciones y medidas que parten de pautas de comportamiento, de moralidad. Faltan mecanismos de control. Una medida de gran importancia sería una auténtica ley de transparencia. Está acreditado que cuando las actividades de los agentes políticos y económicos son accesibles a cualquiera, eso genera confianza. Afortunadamente hay una ley de transparencia en el Congreso, pero desgraciadamente contiene limitaciones en cuanto al acceso a la información, lo cual puede concluir en que terminemos pariendo un ratón.

–¿En qué medida influyen esas conductas reprobables en la sociedad?

–Yo reformularía la pregunta para cuestionar en qué medida la sociedad piensa que las conductas corruptas son inaceptables. Tengo mis dudas. No se podrá acabar con la corrupción si las conductas honradas y particulares, de respeto a las normas, no se extienden y generalizan. Pedir moralidad a determinados sectores está muy bien, pero será una lucha o un edificio con pies de barro si esas actitudes de moral social no se generalizan.