La burocracia internacional retrasa el juicio del «caso Goldfinger»

El juzgado acuerda reiterar la comisión rogatoria para informar a la mujer del actor Sean Connery

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha acordado reiterar la comisión rogatoria de Las Bahamas para informar a la mujer del actor Sean Connery de la apertura de juicio oral y de los escritos de acusación por un delito contra la Hacienda Pública, toda vez que no han podido ser comunicadas personalmente a ella esas notificaciones tal y como establece la ley.

La decisión se produce tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, al haber sido negativa la primera comisión rogatoria remitida a las autoridades de Bahamas, donde la acusada tiene fijada su residencia.

Se trata de un trámite «imprescindible» para el desarrollo de la causa. La primera comisión rogatoria tramitada por el juzgado para comunicarle este trámite a la mujer de Connery no se cumplimentó por parte de las autoridades de dicho país; tras lo que el juez decidió dar traslado a las partes acusadoras para que se pronunciaran sobre qué hacer.

El citado juzgado acordó el 26 de noviembre de 2015 la apertura de juicio oral contra la mujer del actor, acusada en una pieza separada del «caso Goldfinger», por un delito contra la Hacienda Pública, por el que el fiscal pide dos años y medio de prisión. En esa resolución se argumentó necesario acudir al auxilio judicial internacional para llevar a efecto notificación del proceso mediante la comisión rogatoria.

El texto añadía que transcurrido el plazo sin haber sido ejecutada la comisión, «continuaría el proceso por los trámites establecidos en el artículos 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», sin perjuicio de que se diera traslado al fiscal para que informara «sobre la pertinencia de emisión de órdenes de detención a nivel internacional». Así, el fiscal pidió que se reiterara la comisión rogatoria y así se ha acordado ahora; por su parte, Anticorrupción acusó a la mujer de Connery como cooperadora necesaria de un delito contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades, solicitando, además de la prisión, multa de 23 millones de euros, escrito al que se adhirió el Ayuntamiento de Marbella. La Abogacía del Estado, por su parte, pidió seis meses de cárcel y multa de 7,6 millones de euros, acusándola de cómplice.

Según la acusación pública la procesada, “se prestó” a colaborar con los principales imputados del caso “Goldfinger” -del que ya hay sentencia, aunque no es firme- para formalizar “negocios jurídicos ficticios” que permitieron “ocultar” a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas en la venta de una promoción de apartamentos de lujo. La cantidad defraudada se estima en 7,6 millones de euros.