La crisis se ceba con el sur de España

Nueve de los diez municipios del país con más riesgo de pobreza se encuentran en Andalucía

La salida de la crisis «sin dejar a nadie en la cuneta», como señala la Administración andaluza, no se traduce en las estadísticas. Las localidades de más de 50.000 habitantes que presentan el mayor índice de población en riesgo de pobreza se concentran en las provincias andaluzas, principalmente en Cádiz y en Sevilla.El País Vasco es la comunidad que registra las tasas de población en riesgo de pobreza más bajas de todo el Estado. Cinco de las diez con menor tasa se reparten entre Vizcaya y Guipúzcoa y las otras cinco también se sitúan en comunidades como Navarra, Asturias o Cataluña. La diferencia norte-sur se mantiene en las capitales de provincia. Córdoba es la que arroja una mayor tasa de población en riesgo de pobreza (37,2%), seguida de Almería (36,7%), Huelva (35,8%), Málaga (32,9%) y Sevilla (32,2%)

La herramienta Habits Municipios de AIS Group, que reúne 1.300 indicadores y su evolución a lo largo de los últimos tres años, permite a los consistorios definir mejor sus actuaciones orientadas a atender las necesidades de los ciudadanos, desde la ubicación de un ambulatorio a un comedor social. Así, Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, es el municipio español de más de 50.000 habitantes con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza, el 40%, según el estudio «La pobreza en España pueblo a pueblo», realizado por la consultora AIS Group en base a la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los indicadores sociodemográficos y económicos Habits Big Data de AIS Group. Tras el municipio gaditano aparecen dos sevillanos: Alcalá de Guadaíra, con el 38,6%, y Utrera, con el 37,6%. En el lado opuesto, y en el norte de España, se sitúan los municipios con menor tasa de población en riesgo de pobreza son Getxo, con el 8,3%, San Sebastián, con el 9,6% y Pamplona, con el 9,7%.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el 22,1% de la población española se encuentra en situación de riesgo de pobreza, entendiendo como tal los hogares unipersonales con ingresos por debajo de los 8.011€ anuales, o de los 668€ al mes (sin alquiler imputado), o los hogares de dos adultos y dos niños con ingresos inferiores a 16.823€ al año, o bien 1.401€ al mes. Tomando como referencia estos umbrales y la metodología del cálculo de la tasa de población en riesgo de pobreza del INE y siguiendo los criterios recomendados por el Eurostat, AIS Group ha calculado esta tasa para los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Según el estudio, las localidades que presentan el mayor índice de población en riesgo de pobreza se concentran en las provincias andaluzas, principalmente en Cádiz y en Sevilla. De hecho el único municipio no andaluz de la lista de los 10 con la tasa más elevada de población en riesgo de pobreza es Torrevieja en Alicante, que presenta un 36,6%.

La diferencia norte-sur se mantiene en las capitales de provincia. Córdoba es la que arroja una mayor tasa de población en riesgo de pobreza (37,2%), seguida de Almería (36,7%), Huelva (35,8%), Málaga (32,9%) y Sevilla (32,2%).

En el otro extremo están San Sebastián y Pamplona con una tasa inferior al 10%. Tras ellas Bilbao (11,4%), Oviedo (11,5%), Zaragoza (12,6%), Barcelona (13%), Zamora (13,4%) y Madrid (13,6%)

Por su parte, la Asociación Pro Derechos de Andalucía elaboró, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, un documento que reúne 10 vulneraciones de los derechos humanos en Andalucía, que requieren de una intervención política y social inmediata. Para la entidad, la más grave vulneración radica en los «índices de paro, exclusión y pobreza inaceptables que están llevando a la población a una seria situación de seria situación de emergencia social. Los datos hablan por sí solos», denuncia la entidad, un 28,52% de paro en Andalucía, diez puntos por encima de la media estatal, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el riesgo de pobreza y exclusión social que sobrepasa ya el 42%, frente a la tasa estatal que es del 29,2%, según el índice Arope. Una realidad alarmante que contrata, plantean, con un Gobierno que «decide no crear herramientas para que se garanticen los derechos humanos, lo que hace que la población normalice las violaciones de estos derechos.