La Fiscalía boicoteó a Alaya con cinco recursos hasta alejarla del «caso UGT»

La jueza mantuvo un duro pulso con Anticorrupción, que puso en peligro la obtención de información al pedir una orden judicial para cada grabación al sindicato

El levantamiento del secreto de sumario del «caso UGT-A» puso al descubierto todo un entramado presuntamente defraudatorio por parte del sindicato a través del cobro de comisiones, la generación de rápeles con los proveedores o el maquillaje de facturas para cargar a la Junta gastos ajenos a subvenciones finalistas. También aflora en los más de 3.000 folios de sumario un intenso pulso entre el Ministerio Fiscal y la juez Mercedes Alaya, que perdió la instrucción en marzo de este año tras fallar en su contra la Audiencia provincial.

No fue un solo recurso, sino al menos cinco los que interpuso la Fiscalía Anticorrupción, dos de ellos referentes a los pinchazos telefónicos que ordenó la magistrada en noviembre de 2013 para seguir los pasos de la cúpula de UGT-A.

El origen de la disputa es la concentración de todas las diligencias sobre UGT-A en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular Mercedes Alaya. La magistrada reclamó la asunción del caso a través del auto de 29 de octubre de 2013, después de que el juez decano resolviera, a través de un acuerdo de 2 de octubre, que Alaya era la persona idónea para instruir la causa de UGT por tener ésta conexidad o relación con dos frentes que la juez ya estaba investigado. Uno, los ocho millones que pagó UGT-A a una empresa de formación del entramado de sociedades pantalla del conseguidor de los ERE y ex ugetista Juan Lanzas. Y, el segundo, las diligencias abiertas por la juez tras la declaración del jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional para el Empleo, Teodoro Montes. Este funcionario desveló graves irregularidades en formación que afectan según su relato a la gestión que han hecho de las subvenciones tanto patronal como UGT y CC OO.

La Fiscalía Anticorrupción interpuso primero un recurso de reforma contra el auto de Alaya de 29 de octubre a través del cual concentraba las diligencias. Alaya lo desestimó íntegramente en un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, por lo que la Fiscalía elevó al juzgado un recurso de apelación. Le tocó dirimir a la Audiencia provincial, que en un auto fechado el 5 de marzo de este año se mostró favorable de apartar a Alaya de la parte central de las diligencias en torno a UGT-A.

La Fiscalía Anticorrupción se ha apoyado en dos argumentos principales. En primer lugar, la «ausencia de conexidad» de todas las diligencias abiertas en torno a UGT y que fueron remitidas por distintos juzgados a Alaya. Y en segundo término, la preferencia a la hora del reparto del juzgado que abrió primero diligencias. Esto es, el de instrucción número 9, el que a la postre acabó asumiendo las riendas de la investigación.

El secreto de sumario puso sordina a este encarnizado pulso, caldeado por el choque frontal de Alaya y la Fiscalía en el caso de los ERE fraudulentos, que ha tenido recientemente un nuevo episodio. El Ministerio Público ha instado de nuevo a la magistrada a dividir la causa de los ERE y elevar dos piezas que afectarían a aforados al Tribunal Supremo, en contra de la opinión de Alaya y de la Audiencia, que apoyan que el caso es inescindible.

Alaya ha dejado en sus autos rastro del enfado. «Es realmente poco usual que el Ministerio Fiscal se interese de oficio por cuestiones de reparto (...). Además de poco usual no es beneficioso para la instrucción y poco acorde con el especial celo alegado por el fiscal», deslizó en el auto de 6 de noviembre de 2013 en el que rechazó el primer recurso de Anticorrupción.

Asimismo, Alaya esgrimió que de las diligencias que estaba llevando a cabo (pagos a Lanzas y declaración del funcionario de Empleo) se derivaba «pena mayor» al ser objeto de los delitos de malversación y posiblemente tráfico de influencias, falsedad o delito de obtención ilícita de documentos. «Deben continuar las diligencias de investigación, pues para las mismas no hay tiempo que perder sin perjuicio de los acontecimientos futuros», señaló en el citado auto.

La Fiscalía no sólo interpuso recursos por la competencia de las diligencias en torno a UGT-A, sino también por la forma en la que se estaban llevando a cabo. El primero de estos recursos fue de puro trámite, referente a la fecha en la que comenzaba a contar el plazo de los pinchazos telefónicos. Alaya reconoció el error y lo estimó «íntegramente». Pero al siguiente recurso se opuso de forma frontal.

La cúpula de UGT-A se percató de que podían tener los teléfonos pinchados y recurrieron a hablar «en clave» y a reunirse en bares cercanos a sus domicilios. Alaya autorizó la instalación de dispositivos de grabación en lugares públicos para sortear este importante obstáculo. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, con fecha 5 de diciembre, elevó un recurso al juzgado abogando por que cada grabación de este tipo fuera precedida de una autorización judicial. Alaya contestó con otro contundente auto. «Sería fácil acceder a la exigencia del Ministerio Fiscal si las reuniones se programasen con la antelación suficiente, de modo que diera tiempo a la petición y en su caso a la autorización judicial. Pero esto no es lo normal, sobre todo teniendo en cuenta las actuales circunstancias de enorme repercusión mediática y de sucesión frenética de noticias (...) Sería imposible llegar a tiempo con la solicitud, la autorización judicial y la preparación de los medios técnicos de escucha». La Audiencia decidió y el caso escapó al control de Alaya, pero todo el grueso de diligencias que acabó en junio con el golpe a la cúpula del sindicato se gestó bajo su batuta en el Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.