La jueza de Aznalcóllar insiste en que interventores estatales revisen el concurso de la Junta

La IGAE se negó a hacerlo al entender que sobrepasaba sus competencias, pero Fernández reclama otra vez el auxilio de ese organismo

La instructora rechaza de momento nuevas encausaciones a la espera de que la UCO revise los emails de altos cargos, entre otras tareas

La prueba de lo acertado de un movimiento judicial es que condicione la «vida» de un proceso y la instructora del «caso Aznalcóllar», Patricia Fernández, lo sigue intentando con uno: recabar el auxilio de los peritos estatales. Aprovecha una petición de la mercantil SC Andalucía Mining SL para acordar librar oficio a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con un fin: que sus técnicos analicen «la documentación administrativa y económica financiera» del procedimiento seguido por la Junta «para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera» sevillana, así como la «adecuación de los actos» que se produjeron durante al mismo a «los principios establecidos en la ley de contratos del sector público», en las materias en las que la IGAE sea competente.

Pretende además que estudien si tanto la mesa de contratación del concurso por el que se concedió la mina, en la que, según recuerda la propia jueza participó el interventor delegado del Gobierno regional, como la comisión técnica de aquélla cumplieron «las obligaciones de control interno y auditoría de la actividad económico administrativa del sector público» y en especial, si lo hicieron sobre una serie de aspectos. ¿Cuáles? De un lado, la «validez» de «los requisitos de la solicitud para participar en dicho concurso de la entidad Minorbis Grupo México –la unión empresarial que resultó ganadora– y, específicamente, de los documentos de compromiso aportados sucesivamente»; y de otro, la «adecuada acreditación de la solvencia económico financiera» de esa agrupación societaria, poniendo el foco en «los apartados correspondientes a la viabilidad» de su proyecto.

Para poder hacerlo, la IGAE deberá examinar el Decreto-Ley 9/2013, de 17 de diciembre, gracias al cual se reabrió Aznalcóllar, la resolución de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se convocó el concurso y «todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes» de las licitadoras que se interesaron en el yacimiento hasta la resolución por la que se otorgó a Minorbis-Grupo México la preferencia en las actividades extractivas de explotación de la mina. Sin olvidar los recursos que provocó la decisión de la Junta. La petición de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla no es nueva. Ya quiso el pasado enero que los peritos nacionales revisaran el proceso de asignación de la mina, pero la IGAE se negó. Una de sus responsables argumentó en un oficio que remitió al juzgado que dictaminar sobre la validez de la normativa que reguló el concurso desbordaba «las funciones y competencias» de dicho organismo. En definitiva, rechazó el encargo. Si bien, Fernández vuelve a plantear su demanda, en un auto fechado el 11 de mayo y consultado por LA RAZÓN, y lo hace agarrándose a «lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 256/2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y que señala que «la Intervención General del Estado tendrá a su cargo el ejercicio» de la labor que «le atribuye la normativa vigente» respecto a varios puntos, entre ellos la «colaboración con la administración de Justicia».

Al margen de esa reiteración de apoyo, en la resolución de la magistrada se aborda otra cuestión que adelantó este periódico: la ampliación de los delitos a investigar en la causa y del número de personas señaladas en la misma que llevó a cabo Emerita Resources, una de las entidades que no logró hacerse con la mina y la denunciante del caso. Fernández ha optado, al menos de momento, por negarse a lo solicitado por la representación procesal de esa sociedad, que incluía la encausación de la actual directora general andaluza de Industria, Energía y Minas, Natalia González. Con todo, la instructora matiza en su auto que está «a la espera» de la información que «vaya proporcionando» al órgano judicial la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el desarrollo de sus pesquisas policiales que ya le han sido encomendadas y que incluyen el repaso de la correspondencia electrónica de tres altos cargos y de una docena de funcionarios de la Administración autonómica a la que pudieron acceder por fin, tras un par de intentos fallidos, el pasado 12 de mayo. Es más, la magistrada admite que la tarea que tienen por delante los investigadores frente a esos miles de emails puede ser lenta y dispone que, «en el caso de prolongarse en el tiempo», la Guardia Civil «proceda a la dación de cuenta quincenal a este juzgado de los extremos que puedan ser relevantes» para la instrucción. En otras palabras, que Fernández no descarta del todo que se amplíen en el futuro «las imputaciones realizadas hasta la fecha» en el ámbito de una causa que ella misma archivó en 2015, tras unos seis meses de trabajo, para retomarla el pasado año después de que la Audiencia de Sevilla ordenara llevar a cabo más pruebas para determinar si hubo o no delito en torno a una realidad: que la mina de Aznalcóllar vuelve a latir.