La Junta cede a una empresa los datos para evaluar las competencias profesionales

La Consejería adjudica por 127.000 euros un contrato para la digitalización de la documentación.

El proceso de externalización de servicios en el seno de la Junta de Andalucía afecta a todas las Consejerías del Gobierno andaluz. La de Educación no es una excepción. El departamento que dirige Adelaida de la Calle recurre a empresas externas para todos los servicios educativos auxiliares como aula matinal, comedores o actividades extraescolares. También lo hace para servicios puramente administrativos como el tratamiento de la documentación pese a contar, como el resto de consejerías, con una agencia administrativa propia además de los funcionarios adscritos a la propia consejería.

Uno de los últimos contratos que ha adjudicado es la «recogida, digitalización, grabación y análisis de las solicitudes de inscripción, autobaremo, reclamaciones, recursos de alzada, y documentación asociada que presenten las personas solicitantes de participación en los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formación convocadas a los largo del año 2016». La empresa Servinform se encargará de esta tarea por 127.684,08 euros.

Las funciones que deberá realizar la empresa privada en sus propias instalaciones –así lo especifica el pliego del concurso consultado por este periódico– con los datos personales de los solicitantes es variada. Así, se encargará de la recogida de la documentación en las sedes oficiales de la Consejería –tanto en la central como en las delegaciones provinciales–, la grabación de solicitudes, la digitalización de las mismas así como de los anexos vinculados a las mismas –cada solicitud conlleva una media de 50 páginas asociadas a ella– o la grabación de las reclamaciones y las subsanaciones y su posterior digitalización. Igualmente, el contrato de servicios obliga a la adjudicataria a la digitalización de los recursos de alzada, al análisis de las solicitudes y reclamaciones, la custodia y el almacenaje de los expedientes y su posterior envío a la Consejería de Educación. En total, más de dos millones de folios –a una sola cara– con datos personales –desde fotocopias de documentos nacionales de identidad a certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social– que salen de la Administración para ser tratados y posteriormente devueltos en el plazo de un año desde la fecha de formalización del contrato.

En este sentido, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y otros colectivos de empleados públicos han mostrado en reiteradas ocasiones su total oposición a las políticas de la Junta de Andalucía por su «perenne externalización» de los servicios a través de contratos con empresas externas «pese a que supone la gestión de un gran número de datos personales».

El procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales es el conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar y reconocer estas competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Se utiliza, por ejemplo, para el acceso a determinadas acciones formativas. En general permite a la persona que inicie este procedimiento contar con un documento oficial que acredite sus competencias profesionales e igualmente convalidar algún o algunos módulos de un título o de un certificado de profesionalidad, así como completar la formación para la obtención de un título de Formación Profesional o de un certificado de profesionalidad. En este procedimiento participan tanto la Consejería de Educación como la de Empleo, ya que uno de los fines es mejorar las oportunidades laborales de los solicitantes.