La Junta financia «indebidamente» las obras y reformas en los colegios

La Cámara de Cuentas constata de nuevo en su informe sobre la Cuenta General de 2015 irregularidades en la Agencia Pública de Educación, asunto que ya denunció en otra auditoría correspondiente a 2013

La Junta de Andalucía desoye a la Cámara de Cuentas. O al menos no aplica con la celeridad que ésta demanda sus recomendaciones. En el trabajo de fiscalización sobre la Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial de 2015, en el apartado en que los auditores se detienen sobre las encomiendas de gestión aprobadas por la Administración autonómica, el informe advierte de que «debe señalarse que no figura el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, actualmente Agencia Pública Andaluza de Educación, debido a que la Junta de Andalucía financia indebidamente a través de transferencias de financiación de capital la construcción de infraestructuras o reforma de centros escolares de titularidad de la Junta de Andalucía y el equipamiento destinado a los mismos». El trabajo apunta que este tipo de actos con «en el fondo operaciones de intermediación que requieren de la articulación de los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo dicho mandato de intermediación».

Este asunto no es una mera discrepancia entre la Cámara de Cuentas y los responsables de la Junta de Andalucía. En un trabajo anterior específico sobre el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) relativo a 2013 y publicado en septiembre de 2016 ya apuntó que este organismo dependiente de la Consejería de Educación actúa «como intermediario en la contratación y la gestión física de las infraestructuras y equipamientos educativos, mientras que la competencia y la titularidad de los bienes las mantiene la Consejería».

En este sentido, señalaba que «la agencia –el antiguo ISE se denomina ahora Agencia de Educación– dedica los fondos recibidos a través de transferencias de financiación de capital tanto a la compra del equipamiento destinado a los centros educativos, como a la contratación de las distintas obras de rehabilitación o de nueva construcción de infraestructuras educativas» y recordaba que esta fórmula –las transferencias de financiación de capital– «tienen como finalidad financiar de forma genérica la estructura básica de la entidad receptora cuyo valor económico incremente su patrimonio».

La Junta cuando conoció este informe de fiscalización, se escudó en que en esos momentos se estaba tramitándose una modificación en el anteproyecto de Ley de Presupuestos «que vendrá a dar más claridad a la financiación de la propia Agencia –de Educación–» y que se estaba «ultimando una revisión de los Estatutos de la misma para adaptarlos a sus funciones actuales».

El asunto del uso –o mala utilización– de las transferencias de financiación por parte de la Administración autonómica en los últimos años no es nuevo y va más allá del informe sobre el modo de financiar las obras en los colegios. De hecho, ha motivado la apertura de varias causas judiciales. La más mediática de ellas ha sido la de los ERE, donde es uno de los pilares en los que se sustenta la acusación de la denominada rama política del caso.

También la Cámara de Cuentas viene mostrando en sus informes severas discrepancias sobre el uso de esta figura para financiar entes públicos por parte del Gobierno andaluz desde hace varios años. Por ejemplo, en un informe de fiscalización de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ya avisó de que «en el proceso de elaboración de los presupuestos, las consejerías –principalmente la de adscripción– han realizado una clasificación económica de los créditos inadecuada y han consignado como ‘transferencias de financiación de capital’ y ‘transferencias de capital de asignación nominativas’ (Capítulo VII), lo que en realidad eran créditos destinados a financiar actividades de explotación concretas y específicas encomendadas por la Administración». Un tema que se repite al menos en el caso de la Agencia Pública de Educación en el año 2015.

En 2015, según la información que ofrece la Cámara de Cuentas, fueron 24 las entidades entre agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles –todas ellas participadas mayoritaria y directamente por la Junta de Andalucía–, «las que han percibido en este ejercicio o en ejercicios anteriores este tipo de financiación».

El cambio de regulación que se hizo en abril de 2014 para incluir «mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria» no ha impedido que su uso siga siendo habitual. De hecho, «debe señalarse que en este ejercicio 2015, el total 2.879,69 millones de euros de obligaciones reconocidas por los capítulos de transferencias corrientes y de capital aumentan en 50 millones frente a los 303,47 que disminuyeron en 2014».