Junta de Andalucía
La Junta ignora al Parlamento y reexternaliza el 112
Desaloja del servicio a la ONCE en favor de Ferrovial en un contrato de 21,4 millones
Desaloja del servicio a la ONCE en favor de Ferrovial en un contrato de 21,4 millones
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó el 17 de marzo de 2016 una proposición no de ley (PNL), promovida por Podemos, en la que se instaba a la Junta, entre otras cosas a «adoptar las medidas necesarias para que el servicio telefónico de atención de urgencias del GREA –Grupo de Emergencias de Andalucía– y 112 fuera prestado «directamente» por la Administración autonómica «a través de una de las agencias públicas existentes, una vez vencidos los contratos y encomiendas en vigor» y que se accediera a los puestos de trabajo por «los procedimientos legales establecidos». Desde entonces, Podemos y otros grupos como IULV-CA, han pedido en varias ocasiones a la presidenta del Gobierno regional, Susana Díaz, que «asumiera» la PNL y no volvieran a externalizar los servicios del 061 o el 112. Pero la Junta ha desoído a la Cámara.
Con todo, en lo que respecta al 112 sí ha habido novedades: no se ha asumido el servicio, sí se ha cambiado a quien lo presta. La empresa concesionaria ha sido durante años Ilunion Emergencias (grupo ONCE), pero ahora el Ejecutivo andaluz ha adjudicado a Ferrovial Servicios SA los dos lotes en los que ha dividido la contrata para atender las operaciones, el desarrollo y el análisis en los centros regionales de Sevilla y Málaga del 112, así como los provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla; más la integración de organismos al sistema.
El importe total del primer bloque contractual, ligado a las instalaciones regionales sevillanas y malagueñas, se eleva hasta los 10.809.157,87 euros y el del segundo, el de la red provincial, se sitúa en los 10.624.468,98. En conjunto la cuantía es de 21.433.626,7 euros, según consta en la plataforma virtual de contratación del Ejecutivo autonómico. El valor estimado se alza, no obstante, a los 38.994.836 euros, de acuerdo a lo reflejado en los pliegos cosidos a la contrata, dado que se prevé una prórroga de 24 meses. De esa documentación se desprende que Ferrovial deberá afrontar actuaciones en ocho áreas: calidad y medio ambiente, asesoría jurídica, comunicación, operaciones, gestión e integración, operaciones provinciales, coordinación de sala y atención de llamadas.
El plazo pactado para la nueva externalización es de dos años, de arrancada, a contar desde el 25 de abril de 2017 y el único criterio de asignación seguido ha sido el del «precio más bajo». Los trabajos que se lleven a cabo serán propiedad de la Consejería de Justicia e Interior, que se ha reservado el derecho de determinar «incompatibilidades» con relación al personal adscrito a estos servicios. Ferrovial, por su parte, habrá de garantizar la «discreción y confidencialidad en el uso de información» que se le proporcione, «asumiendo las responsabilidades que se puedan derivar de su incumplimiento».
La empresa deberá además ofrecer a la totalidad de los trabajadores que la entidad saliente tuviera adscritos al 112, la subrogación en todos los derechos y condiciones que tuvieran contraídos con la misma, a la luz de los pliegos contractuales. Si bien, fuentes sindicales desvelan que entre la plantilla hay cierta «inquietud». ¿El motivo? Ferrovial ya gestiona servicios de emergencia en otras regiones como Castilla la Mancha o Cataluña y en algún caso «ha habido despidos tras desembarcar esta sociedad», relatan. A esto se hila que en el Parlamento de la última comunidad mencionada, el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, Marca Vidal, alertó en febrero de «deficiencias en el servicio» y de «incumplimientos» por parte de la misma en los pliego de condiciones firmados, como se recoge en la web de dicha formación. A esto hay que añadir otra circunstancia: el principal acusado del juicio del llamado «caso Palau», Fèlix Millet, implicó a Ferrovial en los desvíos de dinero a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública, aunque ex cargos de la constructora negaron cualquier vinculación con esas supuestas comisiones ilegales, como informó este diario.
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