La Junta no ha aplicado las recomendaciones de los interventores en Sevilla y Málaga

Los dos últimos interventores provinciales –de Málaga y Sevilla– coincidieron ayer en que la Junta de Andalucía –más concretamente el Servicio Andaluz de Empleo, que es el ente que tiene de nuevo las competencias de los cursos de formación– no ha implantado las recomendaciones para controlar la concesión de subvenciones que habían reseñado en sus informes de control. Esta circunstancia motivó que ambos funcionarios emitieran recientemente un informe de actuación por uno de los dos supuestos que contempla la normativa: la no implementación por parte del órgano gestor de las recomendaciones del interventor. El otro presupuesto, el de menoscabo de fondos públicos, fue descartado por ambos empleados públicos acogiéndose al criterio marcado por el gabinete jurídico de la Junta ya que las ayudas revisadas aún no han prescritos. «Hasta que no haya un daño real, efectivo y cuantificable no se podrá decir», dijo la interventora provincial de Sevilla. Este último aspecto no significa, como admitieron durante las preguntas de los grupos, que es posible que existan dificultades para recuperar el dinero que ahora la administración está empezando a reclamar a los beneficiarios.

En lo que sí coincidieron ambos interventores es en la falta de «diligencia» con la que ha actuado el órgano gestor de los cursos. La responsabilidad es compartida entre el Servicio Andaluz de Empleo y las delegaciones provinciales de educación, departamento que asumió las competencias en la última legislatura y que ahora ha devuelto de nuevo a Empleo.

El interventor provincial en Málaga, Juan José Delgado Utrera, hizo hincapié durante su intervención en el escaso celo con el que el órgano gestor había gestionado las ayudas. Este extremo se visualizaba especialmente en la falta de seguimiento de los cursos; en la inexistencia de las actas de asistencia de los alumnos; o en la ausencia de informes de inserción o visitas de control a los centros.

Por su parte, la interventora de la Junta en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, narró su experiencia en el transcurso del trabajo de fiscalización. Fue la única que no emitió informe dadas las «limitaciones al alcance» que encontró, es decir, porque le fue imposible realizar su trabajo. «A efectos prácticos una omisión de opinión es lo mismo que una opinión desfavorable», argumentó.

En este sentido, explicó que solicitó una muestra de 80 expedientes de los que solo había 75, de los cuales 64 eran copias «ilegibles». Todos los expedientes estaban «desordenados» e «incompletos», faltaba documentación «de compromisos de contratación» o incluían «documentos con información contradictoria». Algunas de las acciones formativas, según dijo, finalizaron con menos del 15 por ciento de los alumnos que comenzaron.

Entre aquellos expedientes que no le fueron facilitados, según apuntó el diputado popular Jaime Raynaud, estaba el de una ayuda concedida en 2010 a la empresa Instituto para la Planificación y Gestión Integral (IPGI), sociedad entonces participada por el actual alcalde de Écija, David García.

La interventora explicó que, a su juicio, la administración autonómica no ha tenido «la diligencia debida» en la verificación de la justificación de las ayudas concedidas a los cursos de formación y que todos los expedientes que ha analizado tenían «excedido» el plazo de justificación.

Los dos últimos interventores provinciales en acudir a la comisión también admitieron que existe riesgo de prescripción de algunos expedientes, circunstancia que compete a la Junta de Andalucía.

La prescripción ya se ha dado en los expedientes comprendidos entre 2002 y 2008, motivo por el que ni tan siquiera se han revisado. Al no estar cuantificado el posible dolo, la Junta argumenta que no hay menoscabo.

La Junta pide «prudencia»

La Junta de Andalucía quiso ayer enfriar las primeras conclusiones que han esbozado los grupos parlamentarios tras la comparecencia de los interventores provinciales. En este sentido, el vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, apeló a la «prudencia» para «no sacar conclusiones» de la comisión cuando sólo se han sustanciado las dos primeras jornadas de comparecencias. Jiménez Barrios advirtió de que «el PP ya las tiene escritas tras el segundo día de comparecencias sin necesitar ningún documento de los que ha pedido». El vicepresidente insistió en que la Junta entiende que no ha habido «menoscabo de fondos públicos» en las ayudas concedidas a la formación y limitó al «criterio personal, legítimo y respetable» del interventor de Huelva el hecho de que este funcionario sí considere que ya ha habido un perjucio económico para la administración. Para el consejero se trata de un «criterio distinto al de la Intervención General y al del Gabinete Jurídico».