La Junta, obligada a frenar ayudas a UGT de un programa investigado

El consejero de Economía, Innovación y Empleo admitió ayer que la publicación definitiva de las subvenciones a UGT en el marco del Programa Orienta 2013 está vinculada al proceso de revisión de las ayudas anteriores al sindicato. «Si todavía esto no está publicado es porque está dentro del proceso», apuntó Sánchez Maldonado. La postura oficial del máximo responsable de Empleo es que está pendiente de «lo que nos digan los funcionarios y los servicios jurídicos de nuestra Consejería al respecto».

En realidad, lo que está haciendo la Consejería de Economía, Empleo e Innovación es cumplir con la obligación marcada en la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. En su artículo 124.1 señala que «no podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias».

La misma norma ofrece una vía de escape para minimizar el impacto en el sindicato «hermano» del PSOE. «El órgano que, a tenor del artículo 115 de la presente Ley, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia».

UGT debería recibir 3,6 millones de euros –inicialmente la cifra era de 6,5 millones– del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la edición de 2013. El problema reside en que la propia Administración ha detectado facturas irregulares en dicho programa correspondiente a los años 2009 y 2010.

En este sentido, hay que señalar que la Ley General de Subvenciones califica en su artículo 58 como infracción muy grave «la no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida». Y apunta que la multa «puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada».