La Junta pasa del «no hay caso» a que su existencia «es evidente»

La primera reacción de los miembros del Gobierno andaluz ante todo lo que oliera al caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha sido durante meses negar la mayor. Con las irregularidades destapadas, en Invercaria el esquema se repitió: no había caso.

De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 21 de mayo, su portavoz, Miguel Ángel Vázquez , mantuvo que habrá que esperar a que el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla acabe la investigación para decidir si existe o no causa. Sostuvo: «No digo una cosa ni la contraria. Sólo que desde la Junta vamos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos y a dejar trabajar al poder judicial».

Y ello, pese a que ya hay dos ex presidentes de la entidad imputados, entre ellos Laura Gómiz, quien aún trabaja para la empresa pública y que declarará el próximo 12 de junio por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

Sin embargo, ayer, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Antonio Ávila, dio un giro de guión. Culpó al PP de haber trasladado, «solo o acompañado», la idea de que «el Gobierno de Andalucía está diciendo que no hay caso». Y fue más allá. «Es evidente –aseveró– que hay un caso en sede judicial, que hay un caso periodístico, que hay irregularidades que están siendo investigadas y que la Junta está colaborando en todo ese tema». En ese sentido, apuntó que se han aportado ya al juzgado «más de 80.000 folios».

Para Ávila, el debate «nominativo» de si hay o no causa «no es la cuestión». El consejero llegó a afirmar que lo que el Ejecutivo andaluz «ha dicho siempre» es que «este tema de Invercaria no es un caso como el de los ERE fraudulentos». «Que es lo que el PP ha pretendido siempre», apostilló. «Ésa es la referencia que tenemos que tener», insistió el consejero.

Sí repitió un aspecto del discurso oficial: «Aquí hay, ha habido y habrá colaboración absoluta por parte de la Junta y del departamento que me honro en llevar, que tiene la responsabilidad sobre la agencia de innovación y, por tanto, sobre Invercaria», lanzó.

Desde esa óptica, instó a la Justicia a actuar «con toda la rapidez» posible. Preguntado sobre si la imputación de Gómiz da una «mayor trascendencia» al proceso judicial, el consejero respondió que la buena disposición de la Junta «va a ser la máxima», con independencia de que «se llame o no a algunas personas como testigos o como imputados». «Lo que queremos es que este tema se aclare cuanto antes», recalcó. El juez investiga las subvenciones de Invercaria a 34 empresas.