La trama campaba a sus anchas

La investigación de los ERE sigue deparando múltiples sorpresas. Casi tres años de instrucción después, aún aparecen nuevos datos que refuerzan la tesis de la juez Mercedes Alaya y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de que una trama para beneficiarse de los fondos públicos se instauró en la Consejería de Empleo durante una década. Lo sorprendente es que nadie en la Administración andaluza se percatara de ello. El hecho de que desde dentro de la Junta de Andalucía se hubieran articulado las medidas necesarias para acabar con los exhaustivos controles que practicaba la Intervención General no es suficiente justificación, porque son varios los testimonios que certifican que todas las irregularidades relacionadas con el «fondo de reptiles» eran muy evidentes. Demasiado para pasar desapercibidas.

Según asegura un empresario imputado que recibió ayudas de la Junta, el «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas le aseguró que tenía «que pagar y engrasar» a mucha gente para obtener las subvenciones, motivo que justificaba las altas comisiones que percibía por sus gestiones. El reparto de bebidas «premium» en las inmediaciones de la Consejería de Empleo que hoy narra este periódico se suma a otros capítulos como la distribución de sobres con dinero de las sobrecomisiones obtenidas por el ex sindicalista «en bares cercanos al Parlamento de Andalucía», según consta en las actuaciones. Ejemplos palmarios de la falta de rigor con la que se han gestionado los fondos públicos por parte del Ejecutivo andaluz y la tranquilidad y el desahogo con el que se movían las personas implicadas en el caso. Las palabras del juez Iván Escalera, que sustituyó a Alaya unos meses, sobre cómo el caso de los ERE «te lleva», constatan la sorpresa e incredulidad del juzgado y de los investigadores ante tantos desmanes.