Las familias llevan a la Fiscalía del Menor la falta de monitores

La desatención de los menores con necesidades educativas especiales supone una vulneración de sus derechos

La situación es «insoportable» para los padres y madres. Casi un mes después de iniciarse el curso escolar, muchos centros siguen sin contar con los necesarios profesionales encargados de atender a los menores con necesidades educativas especiales (NEE) y colectivos con discapacidad. Mientras la Consejería de Educación vendía ayer mismo provincia por provincia la incorporación al sistema de los auxiliares de conversación para reforzar la enseñanza del segundo idioma, muchas familias de alumnado con alguna deficiencia siguen denunciando la escasez de medios humanos para que sus hijos sean correctamente atendidos. «No hay quien ponga aerosoles a los alérgicos o las dosis de insulina y adrenalina a quienes las precisan. Hay menores que requieren control de esfínter, otros requieren logopeda... En muchos casos no hay monitores y en otros sólo de forma parcial», recuerda Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana, desbordado por las peticiones de ayuda de padres y madres afectados. Todos estos menores tienen sus correspondientes dictámenes de escolarización, pero sus derechos están siendo vulnerados. Faltan monitores, profesores terapéuticos (PT), profesores de audición y lenguaje (AL), profesionales técnicos de integración social (PTIS)...

La inacción de la Junta está obligando a las familias a acudir a la Fiscalía del Menor. Los testimonios de los padres, tras formular las correspondientes quejas en las delegaciones provinciales, son muy similares. «La Administración no responde o simplemente dice que hay que optimizar los recursos para justificar que un monitor vaya sólo tres horas a un centro en el que hay más de quince niños con necesidades especiales», dice a LA RAZÓN uno de ellos.

El propio Guerrero ya ha remitido las correspondientes comunicaciones a los fiscales provinciales para notificar los incumplimientos, amparado en un auto del Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que instaba en mayo de 2016 a la Junta a «salvaguardar de forma clara, precisa y sin limitación alguna» los derechos de los menores e invitaba a las familias a remitir a la Fiscalía Provincial los casos concretos en los que «se entendiera que pudiera existir una deficiencia en el servicio con merma de los derechos de los menores», para abrir la correspondiente investigación.

La situación se repite por todos los puntos de Andalucía. En Osuna, provincia de Sevilla, son los padres quienes atienden a más de 20 niños con necesidades especiales en el colegio Rodríguez Marín. Al empezar el curso, el centro contaba con una cuidadora y una educadora, aunque faltaba una segunda cuidadora, pero al tercer día una de ellas se dio de baja por embarazo sin que se cubra con una sustitución. La situación se agravó aún más cuando la cuidadora que quedaba fue desplazada a otro colegio por periodo indefinido. «Es lamentable que de las tres educadoras, ninguna esté en el centro, siendo su trabajo imprescindible para atender a niños con problemas de psicomotricidad», lamentan.

Álora, «en pie de guerra»

En el CEIP Los Llanos, en Álora, las familias se han puesto «en pie de guerra» en defensa de los derechos de los menores. En total hay 16 niños con necesidades de atención especializada y los padres han solicitado «en reiteradas ocasiones» al centro y a la Delegación de Málaga la necesidad de dotar al colegio de un profesional técnico de integración social. Incluso recuerdan en un comunicado que «el año pasado se entregaron 2.000 firmas» sin resultado. Son niños con hemiparesia, síndrome de Down, autismo, trastornos graves generalizados, algunos con discapacidad auditiva y con grados de hasta el 99% de discapacidad, que «están abandonados a su suerte por la Junta de Andalucía». Señalan que la situación es «insostenible» y ya afecta a todo el alumnado, pues el profesorado, al cubrir las necesidades de unos, deja al descubierto las de otros. «Gracias a los docentes que los atienden con la mayor dignidad posible pueden asistir al colegio. ¿Inclusión?, ¿integración?, ¿dónde están las leyes que los amparan?». El día 2 de octubre acordaron llevar el caso a la Fiscalía de Menores.

Multitud de casos

Los casos se extienden por todo el territorio andaluz. Ayer mismo este diario explicaba la situación en un centro de Vélez-Málaga. En Puerto Real, la madre de un niño con espina bífida está dispuesta a iniciar una huelga para que la consejería dote al colegio de un profesional. En La Línea, sucede algo parecido en el Isabel la Católica, donde los menores con autismo no son atendidos. Y el número de reclamaciones crece a diario: Utrera, Dos Hermanas, Málaga, Almería... La respuesta que ofrece la Consejería de Educación no satisface a los padres. «He tenido ocasión de hablar con la delegada provincial de Málaga y me comenta que han iniciado los contactos con las empresas adjudicatarias de un amplio porcentaje del servicio y ahora, dice, están empezando a contratar a monitores», explicaba ayer Guerrero. El curso escolar arrancó el día 11 de septiembre.