Las mociones de los grupos políticos para controlar la Junta, «papel mojado»

El presidente de la Cámara admite la «insuficiente» regulación y dicta una resolución para que el Consejo de Gobierno facilite más explicaciones.

A la escasa actividad legislativa de la Junta en este primer año de legislatura, se unen también las dificultades para que el Ejecutivo asuma y ponga en marcha los acuerdos a los que los distintos grupos parlamentarios llegan en la Cámara andaluza. En principio, un Parlamento fragmentado y con el PSOE en minoría propiciaría un escenario ideal para que la oposición pudiera sumar mayorías que obligasen al Gobierno andaluz a rectificar determinadas decisiones. En la práctica, tal y como viene a reconocer el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, eso no se cumple.

En una resolución con fecha 1 de junio y publicada ayer en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, Durán recuerda que el Estatuto de Autonomía para Andalucía «atribuye al Parlamento de Andalucía la orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno». En este sentido, el escrito apunta en concreto que «una de las iniciativas de las que los grupos parlamentarios disponen para concretar esta labor de orientación e impulso son las mociones subsiguientes a los debates de las correspondientes interpelaciones sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general». Sin embargo, la realidad es que «el artículo 157.6 del reglamento regula de manera insuficiente las medidas de las que dispone el Parlamento para controlar el cumplimiento de una moción en caso de que esta prosperase».

En el texto, Durán detalla las dificultades para el control parlamentario de los grupos de la oposición y la falta de colaboración que han encontrado estos mismos grupos por parte del Gobierno andaluz. Este escenario es el que obliga al presidente de la Cámara «en uso de las facultades que le confiere el artículo 29.2. del Reglamento» y «con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces» a dictar una resolución que «obligue» al Consejo de Gobierno a facilitar más explicaciones.

Así, a partir de ahora, y tras la aprobación de una moción, «los grupos parlamentarios podrán solicitar, por medio de la Presidencia del Parlamento, un informe del Consejo de Gobierno una vez rebasado el plazo o plazos fijados en la propia moción para el cumplimiento de las medidas previstas en ella». El Ejecutivo estará obligado a detallar «el grado de cumplimiento de todos y cada uno de los puntos aprobados o, en caso de incumplimiento, los motivos del mismo y las actuaciones y plazos previstos para su cumplimiento efectivo». El plazo otorgado para llevarlo a cabo será de 30 días y los servicios de la Cámara publicarán el contenido del mismo.

En el caso de que las mociones aprobadas no lleven un calendario incluido, la resolución fija un plazo de tres meses para que el Consejo de Gobierno informe sobre la ejecución de las mismas. En última instancia, «y a petición de un grupo parlamentario, (...) el presidente del Parlamento incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria la comparecencia del Consejo de Gobierno para informar sobre el citado extremo».

La propia norma aprobada por Durán limita la actuación de la Cámara a exigir explicaciones, toda vez que no existen mecanismos para «obligar» al cumplimiento de las mociones aprobadas por los grupos parlamentarios.

Hay que recordar que en marzo, el PP denunció que la Cámara había debatido 96 iniciativas propositivas –proposiciones no de ley y mociones– a propuesta del PP, de las cuales se habían aprobado total o parcialmente 80 de ellas. Ninguna de ellas se había cumplido. Ahora, al menos, la Junta sí deberá «informar».