Los expedientes de las ayudas eran «la anarquía»

Una auditora de la Cámara de Cuentas señala que IDEA pagó «con su propio patrimonio» muchas de las subvenciones y desvela que la Consejería solicitó el borrador del informe de cara a las elecciones

«Era la anarquía, cada expediente era distinto al otro». En estos términos se refirió la auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza a los protocolos utilizados para la concesión de las ayudas sociolaborales durante una década, el llamado «procedimiento específico» cuya posible ilegalidad sienta en el banquillo a una veintena de ex altos cargos, entre ellos, los ex presidentes Chaves y Griñán. «Las ayudas no respondían a ningún criterio», sentenció. «Las motivaciones (de las ayudas) eran ajenas al interés general. Eran motivaciones personales o de situaciones específicas, pero nada que ver con el interés general», indicó. La auditora consideró que las ayudas debieron ser objeto de «una regulación específica». Mendoza señaló que no recibieron ninguna directriz al realizar el informe, aunque admitió que se dio traslado del borrador del mismo a la Consejería de Empleo porque estaban previstas unas elecciones autonómicas y el consejero quería saber a qué atenerse. A diferencia de otros testigos, la auditora señaló que IDEA sí pagó con su propio patrimonio muchas de las ayudas.

Mendoza ratificó las conclusiones del informe de la Cámara, realizado cuando el escándalo ya había estallado judicialmente y en el que apuntó a «responsabilidades contables y administrativas». Sobre las ayudas sociolaborales señalaba que «no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la administración». De las ayudas a empresas en crisis, decía que «se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo». El informe también consideró inadecuado el uso de transferencias de financiación como instrumento para pagar las ayudas a través de IDEA, y que las comisiones superaban la media del mercado. Sobre el centenar de alegaciones que presentó la Consejería al informe, Mendoza señaló que «los entes intentan defender su actuación y muchas veces se pone en duda el trabajo de fiscalización». «Aplicamos la ley que había en la comunidad», explicó Mendoza. «Las ayudas sociolaborales tenían que haber sido objeto de regulación específica», indicó. «Las ayudas a empresas, absolutamente lo mismo. La Consejería no tenía la misma cobertura para las ayudas para trabajadores que a empresas». Sobre uno de los argumentos más empleados por los imputados, que las ayudas se amparaban en la orden de 1994 o de 1995, señaló que «en ningún expediente se puso de manifiesto una orden ministerial ni nada». «Las ayudas no respondían a ningún criterio». Todas eran distintas. No nos planteamos buscar un encaje. No estaban vinculadas a ningún marco legal. Le pusimos el paraguas de subvención excepcional y le poníamos lo mínimo» que se puede exigir: «solicitud , memoria, seguimiento...». No había nada en multitud de casos.

La auditora señaló que en principio la Cámara de Cuentas utilizó el término del «fraude de ley» pero finalmente se omitió, así como el de «responsabilidad penal» al ser su cometido «contable y administrativo». «Se hizo un uso inadecuado de las transferencias de financiación», corroboró Mendoza, que apuntó a pagos «que no tenían la cobertura de los expedientes». «Era todo una situación excepcional y los expedientes presentaban muchas anomalías. Era todo tan anormal... todo, digamos, confuso», explicó. En la mayoría de expedientes lo único que constaba era «sólo la carta de compromiso del director de Trabajo, no aparece asociación de empresarios, de trabajadores o la Junta». Los protocolos eran «la anarquía, cada expediente era distinto al otro», puntualizó. Se trataba de «indemnizaciones entre empresa y trabajadores y que asumía la Junta». En las solicitudes, «no había ninguna comprobación de los requisitos». En algunos casos, consta la solicitud, «en otros no había nada». «Ayudas con solicitud vimos 6. Con acuerdo y protocolo: cuarenta y poco». Todo ello de una muestra «de 102», de la que «50 no tenían ningún documento». En total, se analizó el 90% del crédito concedido durante 10 años, que supuso 1.261 millones (con las pólizas refinanciadas) de los que a diciembre de 2011 se adeudaban 592 millones a las aseguradoras.

Sobra las alusiones de encausados como el ex interventor Manuel Gómez –«No es serio que la Cámara de Cuentas no dijera nada en 10 años», señaló en el juicio– o del propio Griñán, Mendoza recordó que entre las funciones de la Cámara de Cuentas no está «la fiscalización previa». La Cámara de Cuentas desconoce «por qué aparecen unas compañías de seguro y no otras» ni «quién las designa». Lo que concluye es que «había una concentración de compañías de seguros». Asimismo, «los pagos no tenían soporte documental» y explicó que «hubo distintas valoraciones de si hubo de realizarse un informe de actuación» por parte de la Intervención. Sobre que no se apreciara «riesgo» de menoscabo, indicó que «la apreciación del riesgo es muy subjetiva». Mendoza también señaló que «IFA había pagado ayudas sin recibir los fondos de Empleo» y «después Innovación financió esas ayudas» con «fondos que no eran de la partida 31L». Por tanto, «el déficit salía de las diferencia entre las obligaciones de la Dirección de Trabajo y los compromisos que tenía de pago el IFA». Algunos de estos pagos se produjeron «contra el patrimonio de IDEA», llegando a haber 592 millones comprometidos para las ayudas. Para la Cámara de Cuentas, «el menoscabo era evidente» aunque la testigo admitió que «se trata de una valoración a 10 años vista y la percepción puede ser distinta año a año». «No se hizo informe de actuación pero se habían usado otras herramientas» para alertar a Empleo e IDEA «y a sus órganos de responsabilidad».