Los investigadores del “caso Aznalcóllar” no constatan el favoritismo

La UCO rastrea 124.012 emails y traslada al juzgado que de su análisis no se puede inferir que hubiera «influencias» en la adjudicación de la mina

El estado transitorio de la investigación ha desembocado en una conclusión: «No se ha detectado ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del comité técnico o de la mesa del concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante». El contexto de esa afirmación es un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que forma parte y que está centrado en el papel desarrollado por la sociedad Minorbis, adjudicataria con Grupo México de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), y en el contenido de cuentas de correo electrónico empleadas por altos cargos y funcionarios de la Junta. Ampliando el foco, el trabajo policial forma parte de la investigación que coordina el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla para averiguar si hubo o no irregularidades en la asignación del yacimiento minero como denunció Emerita Resources, una de las licitadoras que perdió el concurso público.

Los investigadores han estudiado 18 cuentas corporativas que contenían un total de 124.012 emails intercambiados entre 2013 y 2016 con sus correspondientes documentos anexos para llegar al diagnóstico de situación que ya han trasladado al juzgado. Si bien, explican en su atestado, fechado el pasado 11 de octubre y consultado por LA RAZÓN, que su labor con los correos electrónicos «presentó una serie de limitaciones» que lo dificultaron. Entre ellas, la UCO localizó «una serie de periodos temporales, incluso superiores a un año», en los que aquéllos «no existían». Una circunstancia que, reconoce, «ha mermado la cantidad de información obtenida, fruto del análisis realizado, lo que condiciona las conclusiones del mismo».

La Guardia Civil obtuvo los correos de cintas magnéticas en las que se almacenaban la copia de seguridad de las cuentas, por lo que, de haberse querido borrar información, habría que haber acudido a cada cinta y a cada cuenta. Para los investigadores, la posible explicación «más factible» de la falta de correspondencia electrónica pasa por que la configuración de las direcciones «se hubiera realizado mediante acceso POP –esto conlleva la descarga de todos los emails en el disco duro del ordenador en el que se configura–», lo que podría haber provocado que «los datos se almacenasen en local en los ordenadores utilizados por los usuarios para gestionar el correo», en vez de en «los servidores de donde se extrajeron los mismos». Y hasta ahí llegan. Al margen de los emails, la UCO sostiene que miembros de las dos empresas, tanto de Minorbis como de Emerita, «mantuvieron distintos contactos con responsables de la Administración», pero tampoco han arrojado luz sobre otro de los puntos claves incluidos en la denuncia que prendió el caso: la supuesta llamada del secretario general de Innovación en 2014, Vicente Fernández, al presidente de Emerita, Joaquín Merino. De acuerdo a la versión de la entidad perdedora, desde Magtel, socio minoritario de Grupo México, le anunciaron, como demostración de su presunta relación privilegiada con el Gobierno andaluz, que en cinco minutos lo telefonearía alguien de la Administración y, según declaró Merino, en efecto lo hizo el ex secretario general interesándose por la negociación. La Guardia Civil admite que no ha podido corroborar si esa conversación se produjo o no ya que, tras solicitar a la compañía telefónica el listado de llamadas del 10, 11 y 12 de abril de 2014 de Merino, ésta le transmitió que no le resultaba posible aportar esos datos ya que «tenían una antigüedad superior a un año» lo que excede del tiempo que guarda ese tipo de información.