Los universitarios se quedan en casa

Los menores de 30 con estudios superiores son los que más dificultades tienen para emanciparse de toda España

Los inscritos en la Garantía Juvenil porque ni estudian ni trabajan aumentan en 9.500 al mes y superan los 263.000

Los universitarios andaluces son los que más dificultades tienen para independizarse frente a los del resto de España y a otros jóvenes sin formación. Ni siquiera dos de cada diez (18,5%) consiguen establecerse de manera independiente. El informe del Observatorio de Emancipación relativo al primer semestre del año pasado confirma cómo esta tendencia aumenta negativamente: en un año, la tasa de emancipación ha caído dos puntos y se sitúa nueve por debajo de la media española. Extremadura se encuentra en la misma situación que nuestra comunidad y en el extremo opuesto, Cataluña y Madrid, con una tasa del 38% y el 36% respectivamente. La comparativa entre hombres y mujeres se decanta hacia las segundas: solo el 12% de ellos se va de casa, mientras que en ellas el porcentaje roza el 23%. En la franja de 25 a 29 años solo aumenta cinco puntos; antes de cumplir los 35 más de tres de cada diez siguen en el hogar paterno.

Los jóvenes que tienen más facilidades para independizarse son quienes no tienen estudios o solo los primarios: a partir de los 25 años más de la mitad tienen casa propia. El Observatorio identifica como los principales inconvenientes en este sentido el alto precio de la vivienda y la escasa calidad del empleo para quienes consiguen uno. La mitad están contratados por debajo de su cualificación y aunque se registró una subida de la ocupación son también más los jóvenes que no alcanzan las diez horas semanales de trabajo. De hecho, la tasa de pobreza de los menores de 30 años en Andalucía sigue siendo la más alta del país, con un 54%.

La fotografía de este sector de la población la completan los inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. El año se cerró con 263.000 andaluces que ni estudian ni trabajan, según recoge el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La comunidad creció a un ritmo medio de 9.500 inscritos al mes en 2017 y aporta una cuarta parte del total en España. Fue en febrero de 2013 cuando el Consejo Europeo acordó crear una Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para reforzar el apoyo financiero de los fondos existentes de la Unión Europea (UE), concentrándose en regiones con tasas particularmente altas de desempleo juvenil y en la franja de 15 a 24 años sin estudios, trabajo ni formación. Europa recomendó ampliarla hasta los 29 en las zonas donde el paro supere el 20%, condición que cumple de largo España.

En octubre de 2016, la CE publicó un informe sobre la aplicación de esta iniciativa. La conclusión fue que el comportamiento del mercado de trabajo había superado las previsiones generales y se registraron 1,4 millones de desempleados menos que en 2013. Los datos a nivel europeo señalaban entonces que 14 millones de jóvenes habían participado en sistemas de Garantía Juvenil: nueve millones aceptaron una oferta, que en la mayoría de los casos era de empleo. El principal compromiso es ofrecer una alternativa en un plazo máximo de cuatro meses desde que se acepta su incorporación: un trabajo, formación en empresas, prácticas o un curso.

El último análisis al respecto se presentó en enero en el Parlamento Europeo. Desde el PP valoraron la incidencia de las medidas, asegurando que se ha reducido el paro juvenil un 20% en cuatro años, situando la empleabilidad de los inscritos en las Garantías Juveniles en el 41%. En España, sin embargo, se ha producido una situación que la UE pretendía evitar: el dinero aportado para impulsar estas medidas procede en un 80% de esos fondos europeos. El objetivo era, según el informe parlamentario, que sirvieran para complementar la aportación estatal y no sustituirla, como ha ocurrido. «Se observa con preocupación que en el Informe Especial se afirma que existe el riesgo de que la financiación de la UE esté limitándose a reemplazar la financiación nacional en vez de crear valor añadido», recoge textualmente. Así, recuerda que «de conformidad con el principio de adicionalidad, la IEJ está destinada a complementar la financiación nacional y no a sustituir a las propias políticas de los Estados miembros ni a la financiación para combatir el desempleo juvenil». En esta línea, destaca que «el presupuesto de esta iniciativa no puede respaldar por sí solo la ambición de ofrecer a todos los jóvenes una buena oferta de empleo, formación continuada, aprendizaje o prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación oficial o quedarse en el paro, y no fue concebido para este fin». La UE reservó 6.400 millones de euros hasta 2020 para ello. La mitad de ese importe procede de un presupuesto específico de empleo juvenil, que no exige cofinanciación nacional; la otra mitad, del Fondo Social Europeo y corresponde a los Estados miembros proveerla.

La propuesta de resolución del Parlamento Europeo alerta de que la cobertura «solo llega a un pequeño porcentaje de la población ‘nini’–como se denomina a quienes ni estudian ni trabajan–». En el caso de Andalucía, las variables educativas de la EPA identificaban la existencia de más de medio millón en esta tesitura. Uno de los problemas que presentaría hasta el momento su aplicación es la incapacidad para detectar a «ninis inactivos y administrativamente excluidos». «La IEJ –concluye–debe ser más accesible sobre todo para los poco capacitados y los afectados por el desempleo de larga duración». El otro gran «agujero» en su aplicación es que «los primeros datos disponibles reflejan que la calidad de las ofertas de empleo a menudo es cuestionable».