Más de 1.750 millones en una década con el programa Leader de ayudas al campo

La Junta se queja del «agravio» y el «maltrato» con los fondos agrarios de la PAC, por la que recibirá 1.906 millones por los 1.962 del período anterior

En plena confrontación por las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), apaciguada en parte tras las elecciones, ante las críticas por el reparto «injusto» de fondos y el varapalo a la Junta tras la negativa del resto de comunidades a modificar el reparto, cabe recordar que no sólo de la PAC vive el campo. La lluvia de millones recibidos por la comunidad andaluza, que habla de «agravio» y «maltrato», con cargo a los socios comunitarios es ingente. Según el informe «Diagnóstico de Situación Actual» del «Programa de Desarrollo Rural Andalucía 2014-2020», Andalucía ha recibido más de 1.750.000 millones del programa Leader. En el período anterior de la PAC (2007-2013), la región tenía asignados 2.117 millones, pero no ejecutó 154,6 millones, que fue lo que Andalucía perdió en el periodo previo. Por tanto, tuvo en el periodo anterior 1.962 millones. La nueva PAC (2014-2020) asigna 1.906 millones, que es el 24% de los fondos que llegan a España. De este modo, se ha producido una reducción de 56 millones.

Señala el informe que «entre los principales logros del modelo Leader en Andalucía cabe destacar su contribución a la creación de empresas y empleo, y de forma muy específica empleo destinado a mujeres y personas menores de 35 años, hecho de especial relevancia para asegurar la vitalidad demográfica y económica en las zonas rurales, amenazadas en algunos casos por una progresiva despoblación y envejecimiento poblacional». La ejecución de los sucesivos programas con enfoque Leader en Andalucía (a través de los Programas Leader I, II Leader Plus y Proder de Andalucía) en sus diferentes períodos de programación, ha supuesto una inversión total de 1.750.003.469 euros, de los que el 60% (1.049.285.713 euros) ha sido aportado por el sector privado. El enfoque Leader en el medio rural «ha inducido la movilización de un volumen considerable de capital privado, que ha supuesto un importante impulso para el mantenimiento y la viabilidad de estas zonas rurales».

El programa Leader II, desarrollado entre 1994 y 1999, supuso un gasto público de más de 98,1 millones de euros; una inversión privada de más de 143 millones; y una inversión total de casi 241,2 millones. Se ejecutaron 3.696 proyectos y se crearon 11.346 puestos de trabajo. A través del Proder (1996-1999), el gasto público se fue a los 97,3 millones; la inversión privada, a 115,5 millones; y la inversión total a más de 212,8 millones. Se ejecutaron 3.114 proyectos, con 12.978 empleos generados. Entre 2000 y 2006, el Leader Plus conllevó un gasto público de 131,7 millones; 186,6 millones de inversión privada; y un montante total de 318,3 millones. Fueron 2.374 proyectos ejecutados, con 7.438 puestos de trabajo. A través del Proder-A, el gasto público se elevó a casi 178,6 millones; la inversión privada a 186,6 millones; y el montante total a 318,3 millones, con 2.374 proyectos ejecutados y 7.438 puestos generados. En total, entre 2000 y 2006, el gasto público fue de 310, 2 millones; la inversión privada, 511, 6 millones; el total, más de 821,9; los proyectos ejecutados, 8.178; y los empleos generados, 8.964. Con el Leader A (2007-2013), el gasto público fue de casi 195 millones; la inversión privada, de 279,1 millones; la inversión total, casi 474,1 millones; los proyectos ejecutados, 5.367; y los empleos generados, 17.206. El total en una década comprende 700,7 millones de gasto público; casi 1.049 millones de inversión privada; 1.750 millones de gasto total; 20.355 proyectos y 57.932 empleos generados.

Según el estudio, «el impacto que el enfoque Leader ha tenido sobre el territorio no sólo debe medirse en términos económicos de inversión y/o empleo (que ya de por sí es significativo) sino, sobre todo, por el modelo de intervención empleado», que «ha permitido a los agentes locales reactivar el potencial de desarrollo en sus respectivos territorios, fortalecer la identidad local, diversificar la economía, facilitar los procesos participativos, el trabajo en red, la innovación, etc.; en esencia, estrategias territoriales que han contribuido significativamente a avanzar en procesos como la cohesión territorial, el fortalecimiento de la gobernanza, la mejora de la competitividad territorial, etc., que, en última instancia, siguen siendo los grandes retos y objetivos de la UE».

La diversificación económica en el medio rural, así como la mejora de la calidad de vida en estas zonas, mediante la dotación de servicios y equipamientos, han sido dos de los ámbitos programáticos fundamentales en las políticas de desarrollo rural en la región. La superficie andaluza considerada como «rural» oscilaría, cogiendo los resultados extremos, entre algo menos de 78.000 y algo menos de 69.000 kilómetros cuadrados (metodologías del Grado de urbanización, y Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, respectivamente), para una población residente en la misma de entre algo más de tres millones (Grado de Urbanización) y algo más de dos millones (Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural).

La aplicación de la reforma de la Política Agraria Común aprobada en la Mesa Sectorial ha supuesto una pérdida de más de 400 millones hasta 2020 para Andalucía, según la Junta y las asociaciones agrarias. El Gobierno popular señala que con el criterio de reparto de la UE, Andalucía habría recibido 200 millones menos y con el sistema de Zapatero, «3.500 millones en siete años». El PP mantiene que Andalucía es la comunidad «más beneficiada» con la PAC, al recibir «más del 30% de los fondos». El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, también ha pedido «responsabilidad» a la Junta tras haber perdido 300 millones «sólo en ayudas al desarrollo rural (200 millones) y para jóvenes agricultores (100)». La Junta de Andalucía mantiene que el reparto de los fondos de la Política Agraria Común perjudica en cerca de 300 millones a la comunidad al año y 902,5 millones durante todo el período.