Núñez pregunta a la Fiscalía si debe aclarar el auto donde dividió los ERE

La jueza María Núñez Bolaños ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre los escritos en los que siete cargos y ex altos cargos de la Junta imputados en el caso de los ERE irregulares le pidieron que «aclare» el auto del pasado 30 de julio en el que acordó dividir la causa en tres grandes bloques, división a la que se opuso en reiteradas ocasiones su antecesora en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

En una providencia, la magistrada da un plazo de cinco días al Ministerio Público para que «alegue lo que a su derecho convenga» en relación a los escritos donde estos siete cargos y ex altos cargos de la Junta solicitaban una «aclaración y/o complemento» del auto del pasado 30 de julio.

En este auto, la jueza dividió la causa en tres grandes bloques: uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, otro con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.

En tres escritos idénticos elevados al juzgado, los abogados de estos siete ex altos cargos piden a la instructora, en primer lugar, que concrete «qué conductas, hechos o actuaciones deben ser incluidas en las piezas denominadas ‘procedimiento específico’ y cuáles en las piezas por ‘cada ayuda socio-laboral o directa a empresas’, delimitando objetivamente las mismas».

Los ex altos cargos son el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón; el ex director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero; el ex director de Industria de este departamento, Jesús Nieto González; el ex viceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz, Ana María Peña Solís, que fuera secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación, y Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.

A juicio de los letrados, «se trata de conceptos oscuros e indeterminados que deben ser necesariamente concretados para dotarlos de contenido», a lo que se añade que el auto «no refleja en su parte dispositiva el alcance subjetivo de las piezas en que se divide el procedimiento», por lo que sus clientes «ignoran en qué piezas separadas serán incluidos».

Por ello, solicitan a la instructora que «aclare, y, en su caso, complete el auto dictado, concretando qué imputados estarán en cada una de las piezas separadas» en las que acordó dividir el procedimiento.

Estas aclaraciones «se solicitan toda vez que sin las mismas no es posible determinar el verdadero contenido de la decisión judicial acordada –qué se entiende por procedimiento específico, qué conductas se incluyen en las piezas de ayudas, qué personas intervienen en las mismas–, y dado que la indeterminación de la resolución en estos extremos nos genera efectiva indefensión prohibida por el artículo 24 de la Constitución Española».