Prórroga de las cuentas o un salto al vacío

El Ministerio se remite a la legalidad: en funciones no puede aprobar el techo de gasto.

El proceso de elaboración presupuestaria sigue en un «impasse». El Ejecutivo central alega que es imposible aprobar su techo de gasto porque choca con la Ley del Gobierno, mientras que la Junta se mantiene de brazos caídos al no disponer aún de las entregas a cuenta, que suponen el 75 por ciento del ingreso no financiero de la comunidad, una magnitud imprescindible para sacar adelante el Proyecto de Ley. De no haber acuerdo de investidura en las próximas semanas, la Junta, como el resto de comunidades, está abocada a prorrogar sus cuentas para 2017. O a desafiar al Ejecutivo central con unas cuentas meramente estimativas: un salto al vacío.

El Gobierno central se blinda en el discurso de la legalidad. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron ayer a LA RAZÓN que un informe de la Abogacía del Estado deja bien claro que un Ejecutivo en funciones no puede aprobar el techo de gasto –paso previo para perfilar las entregas a cuenta– porque significaría iniciar de manera formal la elaboración del Presupuesto. Además, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro aducen que no pueden correr el riesgo de condicionar el siguiente ejercicio económico a un futuro Gobierno que pudiera ser distinto del actual.

La única ventaja relativa que tiene la Junta es estos momentos, como el resto de gobiernos autonómicos en minoría, es que no tiene que profundizar en la negociación presupuestaria con sus socios. Ciudadanos ya ha puesto encima de la mesa una serie de reclamaciones, entre ellas, una nueva bajada de un 0,5 por ciento del impuesto de IRPF que de momento rechaza la Junta. Si finalmente prorroga las cuentas –la fecha tope para que el Proyecto de Ley inicie su tramitación en la Cámara andaluza es el lunes 31 de octubre– esta negociación, que se prevé dura por la correlación de fuerzas a nivel nacional, quedará orillada. Hay que recordar que la última vez que la Junta prorrogó sus Presupuestos fue durante el bienio (1994-1996) denominado de «la pinza». Chaves se vio obligado en 1994 a retirar el Proyecto de Ley para no asumir las enmiendas –casi a la totalidad– del PP de Javier Arenas y la Izquierda Unida de Luis Carlos Rejón.

Desde la Consejería de Hacienda se limitaron ayer a señalar a este periódico que están a la espera de los pasos que dé el Gobierno. Sin entregas a cuenta, que componen el esqueleto central del Presupuesto, no hay margen de maniobra.

La situación de bloqueo ha abierto una interlocución bilateral del Ministerio de Hacienda con prácticamente todas las comunidades, que están pidiendo explicaciones. Este es el motivo de que se baraje una posible reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que –como dejan claro desde el Ministerio– «no se aprobará nada, porque no se puede», simplemente sería a título informativo.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 26 de julio su techo de gasto no financiero, pero se remitió al de 2013 (21.323,26 millones de euros) para cumplir con la ley y adaptarlo una vez que conociera las cifras finales del Gobierno.