«Todo el mundo espera ya que la Justicia dé su opinión sobre los ERE»

Renovado su segundo mandato, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, mantiene como «retos» la reforma estructural de la Justicia y que la digitalización de expedientes sea real a partir de julio: «Ése será el punto de inflexión».

Renovado su segundo mandato, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, mantiene como «retos» la reforma estructural de la Justicia y que la digitalización de expedientes sea real a partir de julio: «Ése será el punto de inflexión».

–Solo se presentó usted para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le eligió por unanimidad para su segundo mandato.

–Sí, estamos pendientes de que salga en el BOE la publicación del nombramiento, pero estoy contento porque tenía ilusión. Así lo dije allí, creía que el tiempo que llevaba al frente del Tribunal podía servir ante los retos de modernización.

–Hablaba en la Memoria de 2014 de que fue «un año perdido», una afirmación que se reitera ejercicio a ejercicio

–Todo lo que no sea avanzar es retroceder. En Justicia estamos viendo que la sociedad cada vez acude más a los tribunales y la respuesta tiene que ser doble. Primero, ver los litigios que podrían solucionarse con un acción mediadora. Cultura de mediación no existe y el ciudadano tiene que acostumbrarse a que hay muchas cosas que se pueden resolver sin acudir a los tribunales. La otra reflexión es que en muchísimos asuntos ha habido que hacer investigaciones muy complejas, y ahí es donde se notan las deficiencias estructurales. Se nota que la Administración de Justicia está muy atomizada, no gestionamos bien los recursos, y no existen unas leyes procesales buenas.

–¿A quién hay que mirar, al Ministerio y o a la Consejería?

–Todo es compartido. Por un lado están las reformas legislativas, o la interoperabilidad de los sistemas informáticos, que son del Ministerio, y luego hay otras tareas de gestión presupuestaria del día a día, que son de la Consejería. Ahí no tenemos capacidad de maniobra.

–Ésa es una de sus peticiones, ampliar esa capacidad.

–Hemos pedido tener una mínima capacidad de gestión, sobre todo a nivel de refuerzo, porque no somos ágiles en los juzgados conflictivos, en Sevilla hablo de Utrera o Sanlúcar la Mayor, o Estepona en Málaga, donde hay una sobrecarga que duplica la media de muchos juzgados. Hay funcionarios que tienen mucho trabajo y otros que no.

–¿Dónde está sobredimensionado?

–A nivel de audiencias provinciales hemos detectado que la jurisdicción civil tiene mucha menos carga que la penal. Habrá que hacer una nueva reordenación de plantilla con algunos funcionarios de esas secciones, sin cambiar de localidad, incluso algunas veces ni de edificio.

–El llamado «papel cero» debía estar activo en enero, pero los trámites aun no pueden hacerse digitalmente.

–Si queremos hablar de una Justicia moderna tiene que ser digital, por tanto de este tren no nos podemos bajar. Hay problemas, hay disfunciones, hay deficiencias, hay fallos, que se van resolviendo poco a poco.

–¿Toda mejora pasa por aumento presupuestario?

–Se necesita un esfuerzo. Llevamos desde hace cuatro años con esa petición, incluso con una Ley, la 18/2011 de 5 de julio, que pedía dos cosas: que en cuatro años tuviéramos perfecta interoperabilidad entre todos los sistemas informáticos para que en cualquier comunidad haya acceso y sean compatibles entre sí. Y no se ha conseguido del todo. Y una segunda cosa que es que en cinco años fuéramos capaces de tramitar telemáticamente. Ésa es la fecha clave, el 5 de julio de 2016, en ese momento debemos contar ya con ese expediente digital. Ése será el punto de inflexión.

–Una de las jurisdicciones que más han crecido en litigios ha sido la contencioso-administrativa, según advertía en su Memoria el TSJA. Gran parte son conflictos contra la Junta de Andalucía, trabajadores que demandan por sus condiciones laborales, pero se espera a que uno por uno demanden en casos similares.

–Es la misma reflexión que podríamos hacer respecto a los ciudadanos: hemos tenido unos años de muchos problemas económicos, con reducciones de salarios, de pagas extras, muchos contratos temporales y de forma individual esos profesionales han ido haciendo reclamaciones.

–Pero si son casos calcados, contra la misma Administración, sería mejor que entrara una demanda en vez de ochocientas...

–Sería lo ideal, en un caso donde ya está la respuesta judicial y afecta a los mismos colectivos y en las mismas condiciones, que pueda haber un aquitamiento con esa resolución para evitar litigios.

–La corrupción política es otra preocupación extendida. En Andalucía tenemos dos grandes casos abiertos: los cursos de formación y los ERE, en fase de instrucción desde hace cinco años.

–Hay muchos casos de corrupción que están inundando los tribunales y entre todos tenemos que convenir en acortar los plazos de instrucción, ése es el mensaje. Cuando afectan a muchísimas personas y algunas con función pública, con más razón.

–Se hablaba de 18 meses como máximo.

–Ése es el plazo referencial, pero en este caso creo que después de cinco años de instrucción, pues cuanto antes mejor. Todo el mundo espera ya que la Justicia dé su opinión sobre esos hechos.

–¿Por qué se apoyó entonces el cambio de juez? ¿Eso no lo dilató más?

–Ya, pero aquí se ha producido un cambio que ha sido voluntario de una persona.

–Pero Mercedes Alaya solicitó continuar en comisión de servicio y el TSJA se lo denegó.

–Porque ya el contexto era distinto. La propia Sala de Gobierno, incluso así lo puso por escrito, expresó que lo deseable hubiera sido la continuidad de la anterior titular para aprovechar el tiempo y el conocimiento, pero una vez que ella ha pedido un traslado a otro órgano, el continuar tenía que ser en unas condiciones de plena colaboración con la titular. Desde el momento en que eso se vio que no podía ser, porque se hablaba de exclusión, no tuvimos más remedio que evitarlo porque podía dar lugar a posibles nulidades. Aquí no ha habido ningún apartamiento si no una persona que voluntariamente ha solicitado irse.

–La instructora llegó a denunciar en un foro judicial en Madrid presiones, no solo políticas, si no de los propios órganos judiciales. ¿Se lo trasladó alguna vez?

–No, yo he hablado con ella muchas veces y lo que ha transmitido es la preocupación por el ingente trabajo que tenía, incluso las críticas a su forma de actuar o las manifestaciones públicas en los juzgados. Ahora, presiones internas... a mí no me las ha transmitido y ella siempre ha sido independiente, ahí están sus resoluciones. Si hubiera elevado algún escrito pues hubiéramos actuado.

–Este periódico informó de que la actual titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla no atiende las peticiones de investigación de la UCO (Guardia Civil).

–Yo no tengo esa información y no puedo pronunciarme. Lo que sí me consta es lo que ella me ha transmitido: que el mayor interés que hay es la aceleración de las causas que lleva, sea cursos de formación, sea ERE o algunos avales, y en eso está su esfuerzo.

–Tras tomar posesión la nueva titular, se aludió a su amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, a quien se ha acusado también de ejercer más de abogado defensor que de consejero.

–Las amistades son las que son, a nadie se le puede decir que porque se le nombre para un cargo que deje de tener los amigos que tiene. De lo que se trata es de cómo se actúe luego profesional o institucionalmente. Las amistades, todos las tenemos.

–El Tribunal Supremo ha fallado finalmente en contra de la construcción del hotel El Algarrobico. Todo se enredó porque hubo dos sentencias contradictorias del TSJA. Como presidente, ¿qué impresión le produce?

–No puedo evitar pensar que la imagen que mandamos sobre el funcionamiento de la Justicia no es la idónea. Fue un fallo nuestro: lo ideal sería en el primer momento deliberar todos los recursos entre todos los magistrados, para que no se den esas resoluciones contradictorias. Entiendo que la ciudadanía no entienda lo que ha pasado. Pero, bueno, se produce algunas veces y para eso existen los recursos, para unificar criterios.

–Respecto a las cláusulas de suelo, que es claramente un abuso por parte de la banca, ¿por qué se debe seguir litigando caso a caso?

–Hemos tenido una inundación de procedimientos y más o menos se han ido unificando criterios a nivel de Tribunal Supremo. La banca prefiere que sean los tribunales los que le resuelvan los litigios porque tardamos tiempo. Cuando ya tenemos una doctrina referencial, habría que intentar solucionar lo que afecta a esas personas sin necesidad de estar esperando a que se resuelva individualmente. No podemos obtener rentabilidad de la lentitud de la Justicia.

–De las «ciudades de Justicia» ya ni se habla...

–Málaga y Córdoba las tendrán, las demás se han ido quedando. Habrá que replantearse si vamos a un modelo de edificio único o a mejorar lo que hay.

–¿Cómo está afectando la parálisis del Gobierno central?

–En Andalucía teníamos petición de trece plazas de algunos juzgados muy complicados, como el Mercantil o lo Social de Sevilla y se ralentiza.

–Como jurista, ¿el referéndum separatista en Cataluña qué opinión le merece?

–Eso está resuelto desde un punto de vista judicial: la soberanía reside en el pueblo español y a partir de ahí la conclusión es obvia. Lo que decía Salvador de Madariaga: los nacionalismos se curan viajando.

–El año pasado se publicó en prensa que usted percibía un plus de vivienda (1.300 euros al mes), que no está recogido en el Portal de Transparencia de la Junta. Ningún presidente del TSJA lo había recibido antes.

–La verdad es que la forma en que ha salido es un poco tendenciosa. Desde el principio aquí había vivienda oficial; la inmensa mayoría de mis compañeros en otras comunidades la tienen. Se cedió para sede administrativa de más oficinas judiciales y yo planteé la opción y lo hablé con responsables políticos e institucionales de distintas fuerzas políticas. Entonces, me dijeron que por acuerdos de Consejo de Gobierno se podía habilitar esa ayuda. Entre más de sesenta personas se incluiría al presidente del Tribunal Superior de Justicia.

–Pero en ese listado no aparece el presidente del TSJA.

–Mi única preocupación a partir de ahí es la plena documentación, que mes a mes está fiscalizado y que año a año en la declaración de la renta está incluido. Yo, a partir de ahí, ¿qué más publicidad puedo dar? Si se quiere hacer un debate global, se puede hacer. Lo que sí me ha extrañado es que se haya hecho de una persona frente a sesenta o frente a 17 comunidades autónomas y no se haga con ningún otro responsable, sean de otras administraciones o cargos policiales y militares.

–¿Debería debatirse por qué los cargos públicos tienen esas ayudas además de su sueldo?

–Perfectamente ese debate puede tenerse. Ahora, lo que no se puede es hacer una noticia exclusivamente con una persona y conectarla con su dependencia o independencia. Una ayuda al alquiler, como usted comprenderá, no afecta para nada a la independencia, sería muy pobre, muy poco ético.