Tres de cada cuatro inquilinos de la Junta arrastran alguna deuda por renta

La Administración ha dejado de ingresar más de 21 millones desde 2012 y el porcentaje de impagos ha crecido un 35% en lo que va de año respecto al anterior. El consejero de Fomento y Vivienda lo achaca exclusivamente a la crisis

El sistema de alquiler público de vivienda de la Junta de Andalucía no funciona o lo hace mal. Tres de cada cuatro inquilinos arrastra alguna deuda en concepto de renta. La Consejería de Fomento y Vivienda se vanagloria de haber aplicado medidas durante los tres últimos años para ayudar a las familias que acrediten sus dificultades de pago, pero éstas sólo suponen el 1,75% de los 34.228 inquilinos reconocidos como deudores. ¿Todos se corresponden a familias en exclusión? ¿Qué procedimientos aplica la Junta para reclamar las cantidades? ¿Responde esta conducta generalizada exclusivamente a los efectos de la crisis económica?

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) es titular de 47.873 viviendas de alquiler. De ellas, 43.526 están destinadas a alquiler social. Según palabras del propio consejero de Fomento y Vivienda, «todas se encuentran ocupadas y cuentan formalmente con contratos de arrendamiento suscritos», sin que existan en la actualidad grupos o promociones de viviendas pendientes de adjudicación. Es más, especifica que «en algunas de estas viviendas, de forma residual o puntual, debido a la renuncia a sus contratos por parte de los adjudicatarios o por su ocupación de forma ilegítima, se han puesto en marcha las acciones necesarias al objeto de poder volver a ofrecerlas a los ciudadanos que las necesitan, a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda de las localidades donde se encuentran ubicadas».

La renta mensual media de las viviendas en alquiler social es de 33.9 euros. Atendiendo a esta proporción, la Junta de Andalucía debería ingresar 1.475.531 euros mensuales, para un total de 17.706.376,8 euros anuales. Según los datos publicados ayer en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), de enero a mayo de 2015 los ingresos percibidos por este concepto se situaban en 3.351.032 euros, lo que supone apenas el 45,4%. Es decir, la Administración autonómica ha dejado de recibir por parte de sus inquilinos 4.026.625 euros correspondientes a los primeros cinco meses del año.

Desde el ejercicio 2012 hasta mayo de 2015 los ingresos ascendieron a 39.206.225 euros. Aplicando la misma media de renta mensual en vigor, los ingresos totales debían haber ascendido a 60.496.787,64 euros. La deuda acumulada, por tanto, ascendería a 21.290.562,4 euros. Cabe señalar, además, que estos ingresos van descendiendo año a año. Así, en 2012 fueron 12.152.420 euros, en 2013 se situaron en 12.095.651 euros y en 2014 bajaron a 11.607.122 euros. Si 2015 continúa en la misma línea que en los cinco primeros meses, de un ingreso previsto de 17,7 millones se recaudarían apenas 8 millones.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López García, justifica estos datos por el «contexto socioeconómico actual, que ha mermado notablemente la capacidad económica de la población». En respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PP Alicia Martínez, López explica que «muchas familias han tenido que asumir responsabilidades económicas de forma sobrevenida (manutención de familia extensa, sanciones económicas, obligaciones crediticias...)» y, precisamente por ello, su Consejería ha puesto en marcha distintas medidas para aliviar las cargas económicas que suponen el uso de la vivienda pública en régimen de alquiler (renta, deuda contraída, pago de comunidad o gastos residenciales) a aquellos inquilinos que acrediten dificultades de pago y que, por tanto, requieran de la intervención social para su análisis, determinación y seguimiento social».

Estas medidas han consistido en minoración de renta, aplazamiento de la repercusión de algunos conceptos, como el IBI, o el aplazamiento de compromisos de abono de deuda. Según los datos aportados, de estas medidas se han beneficiado 601 inquilinos desde 2013.

Estas 601 familias suponen el 1,75% del total que la propia Junta de Andalucía reconoce que mantienen alguna deuda en concepto de renta. Atendiendo exclusivamente a estos argumentos, cabe preguntarse bajo qué criterios se asumen los impagos y qué mecanismos utiliza la Administración para reclamaciones, al detectarse claramente que se trata de un comportamiento generalizado.

Sevilla y Cádiz, las provincias con mayor parque público

Sevilla es la provincia con un parque de viviendas públicas en régimen de alquiler superior con un total de 10.960; le sigue Cádiz, con 9.114; y a bastante distancia ya se hallan Málaga, con 5.745, y Córdoba, con 5.428; Granada, Huelva y Jaén disponen de 4.061, 4.851 y 4.870 viviendas respectivamente; en último lugar se encuentra Almería con sólo 2.844. No obstante, con fecha 1 de junio de 2015, AVRA tiene la gestión de 84.361 viviendas repartidas por la comunidad, que prácticamente dobla una por una las cantidades antes desglosadas por provincias.