Una ex cargo de la Junta conocía los «reparos» de la Intervención y de la UE a las ayudas

El juzgado de Mercedes Alaya solicitó a la Junta, en el ámbito de la «macrocausa» de los cursos, los informes del Consejo Andaluz de Formación Profesional (CAFP) emitidos desde 2002 sobre programas, acciones y subvenciones formativas de la Consejería de Empleo, así como las actuaciones que aquél hubiera realizado para el seguimiento y la evaluación de la ejecución de esos planes. Para responder al requerimiento, el Gobierno andaluz explica en un escrito que obra en poder de la instructora, que no fue hasta la entrada en vigor del Decreto 374/ 2011, de 27 de diciembre, por el que se modifica otro de 1994, cuando se crea el consejo y se le da una nueva redacción a un apartado del artículo 9 para asignar la Secretaría a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP). Es ahí cuando se realizó el traspaso de toda la documentación relacionada con las funciones correspondientes a esa secretaría desde la entonces consejería competente en materia de Formación Profesional, Empleo, a la de Educación.

Partiendo de ese contexto y una vez revisadas las actas del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, la Junta asevera que comprobó que «no se produjo petición alguna de informe, propuesta o recomendación a este órgano consultivo y de coordinación, en relación con las funciones asignadas» por parte de ninguna consejería, por lo que no envió al juzgado nada en ese sentido. Por lo que respecta a las acciones de seguimiento de la ejecución de los programas formativos desde el 2002 en adelante, Educación decidió adjuntar al mencionado escrito el escaneo de todas las actas y convocatorias de las reuniones que conserva el IACP y que le fueron remitidas por Empleo desde el alumbramiento del consejo. Es en una de ellas, fechada el 13 de junio de 2013, donde se puede comprobar que la ahora imputada ex directora general de Formación para el Empleo, Teresa Florido, asistió a una reunión de ese órgano en la que se trató «la justificación de los presupuestos correspondientes a la Formación Profesional para el Empleo desde el año 2007 en adelante» y las «objeciones» que la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) estaba «planteando» a «la fiscalización de los expedientes presentados», según consta en la transcripción de lo que sucedió en aquella reunión. De hecho, el presidente del CAFP en aquel momento y secretario general de Formación Profesional y Educación Permanente, Jorge Felipe Cara, informó a los asistentes al encuentro oficial de que había solicitado una reunión al ente fiscalizador, con la presencia de representantes de Empleo, para que se levantaran «los reparos». A ello sumó que hacía una semana que «la Secretaría General de Empleo» había remitido «a la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente» una «carta» que Bruselas había hecho llegar en noviembre de 2012, en la que se comunicaba «la suspensión del envío de fondos europeos, dando un plazo de dos meses para resolver las incidencias detectadas en la justificación de los expedientes».

Los representantes de CC OO, UGT y la CEOE presentes mostraron su «preocupación» por «la gravedad de la situación» que atravesaban «los fondos de formación para Empleo». Circunstancia que, avisaron ya, podía «dañar la imagen de la Junta en su conjunto». En concreto, la vocal de CC OO pidió que se depuraran «responsabilidades» y demandó el informe del interventor sobre los fondos afectados, a lo que el presidente replicó que era «preferible» que se llevara a cabo una «sesión de trabajo monográfica». La representante de CC OO tomó la palabra además para alertar de la «gravedad de la situación de los consorcios –entes formativos participados en un 80% por el Ejecutivo regional y ahora también en el punto de mira de Alaya, pese a estar en su mayoría inactivos–. La sindicalista criticó que tuvieran «toda su gestión colapsada». Su coordinación estaba entre las funciones de Florido, según ella misma admitió en su declaración ante la Guardia Civil. Es más, la ex directora general le apunta que había pedido un informe al jefe de servicio para ver en qué situación estaba «cada una de las prórrogas para su tramitación». Tras lo que todos los vocales le reclaman una «información más fluida sobre cualquier aspecto referente» a ese tema y Florido añade que «los pagos» continuaban «bloqueados por la Intervención» y que esperaba que el asunto se resolviera en el plazo de una semana.

Todo ocurrió ante la mirada de una secretaria: la ex alcaldesa del PSOE de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez Muñoz, quien lo era como directora del IACP.

La secretaria, Pilar Sánchez

En el acta de otra sesión, la del 22 de noviembre de 2012 a la que también tuvo acceso LA RAZÓN, se puede comprobar que los sindicatos no recibieron con agrado el nombramiento de Sánchez. La vocal de UGT expuso que le parecía «contradictorio» que la Consejería no tuviera «el mismo criterio» que el resto a la hora de designar a los cargos públicos. Para ese sindicaro, «el nombramiento de la Dirección del IACP debería de recaer en un órgano ya nombrado de la estructura» de Educación, como ocurrió en otros departamentos, «en aras de una posible reducción del coste» y de «criterios de austeridad». Apuntó, asimismo, que el puesto llevaba «desierto mucho tiempo» y el IACP había «acometido un procedimiento de acreditación de competencias profesionales con enorme éxito», por lo que entendía que no era «necesario un titular en la dirección». Por su parte, la delegada de CC OO resaltó el carácter técnico que hasta la fecha había tenido el cargo y que, a juicio de su sindicato, «no tenía» Sánchez. Es más, instó a Educación a «replantearse» el nombramiento para hacerlo recaer «en una persona de la ‘casa’», al entender que existía «personal con suficiente cualificación» y dejando claro que «no» lo compartía.

La ex alcaldesa socialista resultó luego, este año, condenada a cuatro años y medio de cárcel –ya tenía otra pena de dos– por varios delitos ligados a las ayudas que concedió a una empresa.