Administración Pública
Una fundación sanitaria de la Junta contrata servicios de salud
Progreso y Salud pagará 38.500 euros, IVA excluido, a una sociedad externa por prestaciones de vigilancia y prevención
Progreso y Salud pagará 38.500 euros, IVA excluido, a una sociedad externa por prestaciones de vigilancia y prevención
Externalizar es un verbo que se conjuga con frecuencia en la Junta. Lo han hecho en el seno de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, una organización dependiente de la Consejería del ramo que dirige Aquilino Alonso Miranda y que presta servicio al sistema sanitario público de la comunidad a través de tres grandes líneas de actividad: una, centrada en investigación e innovación; otra, en tecnologías de la información y la comunicación; y una tercera, ligada a la formación y la evaluación de competencias profesionales. Además, presta soporte de gestión a la Agencia de Calidad Sanitaria de la región, según se asevera en su sitio web.
¿Qué ha buscado fuera? Precisamente, servicios de prevención y vigilancia de la salud ajenos.
El valor estimando de la contrata asciende a los 48.000 euros, IVA excluido, si bien, se ha adjudicado por un total de 38.500, de nuevo IVA al margen. El beneficiario de un procedimiento simplificado con publicidad ha sido Premap Seguridad y Salud SL, sociedad que afirma en su web garantizar una «vigilancia periódica de estados de salud», al ser experta en varias áreas de prevención de riesgos laborales, y que estará ligada a la fundación pública durante dos años, a la luz de lo reflejado en la resolución de asignación fechada el pasado 5 de julio y consultada por este periódico.
El pasado febrero ya se produjo otra externalización vinculada a esta entidad. En aquella ocasión la Junta decidió pagar por servicios jurídicos de asesoramiento y gestión «en materia de contratación pública y de subvenciones de poderes adjudicadores» no sólo para ella, también para el resto de entidades similares que conforman la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario autonómico (RFGI-SSPA). ¿Quién fue la empresa externa elegida entonces? La consultora Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services SL.Progreso y Salud se nutre de forma periódica con inyecciones de fondos públicos a las que el Consejo de Gobierno de Gobierno da el visto bueno y ha sido la destinataria de varios toques de atención por parte de la Cámara de Cuentas de la comunidad. En uno de sus informes relativo al ejercicio de 2010, por ejemplo, señaló deficiencias en el apartado de personal, entre otros ámbitos, que incluían el abono al ex ministro Bernat Soria de 170.438,51 euros brutos como director de un departamento del Centro Andaluz de Medicina Biomolecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). La Cámara de Cuentas avisó además de que no había «constancia documental» de que dos contrataciones de 2008 y 2009 en el grupo de alta dirección se efectuaran «mediante procedimientos» que respetaran «los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad» que recoge la propia normativa autonómica. A ello se suma que en otro informe, referido esta vez a la cuenta general de la comunidad correspondiente a 2012, Progreso y Salud no justificó en plazo libramientos que superaban los 1,2 millones. Una cuestión zanjada para la Junta.
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