Caso Invercaria
Vallejo instó «en nombre de la Junta» a ayudar con 1.186.000 euros a una empresa
El juez cuestiona la falta de estudios de viabilidad de una sociedad en la que se recolocaron los ex de Vitelcom. El ex presidente del ente público señala que «la inmensa mayoría de proyectos eran conocidos por la Consejería»
El juez cuestiona la falta de estudios de viabilidad de una sociedad en la que se recolocaron los ex de Vitelcom.
La «paz social» tenía un precio. El ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en relación al «caso ERE», ya indicó que eran los consejeros quienes decían dónde se destinaban los fondos. Las testificales del «caso Invercaria» dibujan un nexo con este axioma y, además, evidencian la existencia de, al menos, un segundo «fondo de reptiles» al que recurrir, en muchos casos, para apagar el fuego de las protestas laborales.
Durante la declaración del 30 de mayo del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo en el juzgado de Instrucción 16, en relación a las ayudas a Servivation por las que se recolocaron los trabajadores de Vitelcom –empleados que previamente habían llenado de cruces de cementerio el Parque Tecnológico de Málaga–, se apuntó a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa como origen de la directriz de otorgar una ayuda a la citada empresa. Tras esta declaración, el 1 de junio el juez citó en un auto como investigado al ex consejero del ramo Francisco Vallejo dentro de esta pieza separada por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Asimismo, se citó como investigados también a los socios fundadores de la empresa, Luis Fernando Martínez, Francisco Barrionuevo e Ignacio de Colmenares. Las actuaciones derivan de un atestado de la Unidad de blanqueo de capitales de la Policía Nacional.
En su declaración, a la que accedió LA RAZÓN, Pérez Sauquillo reconoce que se otorgó una préstamo participativo a Servivation de 1.186.000 euros en octubre de 2008. El magistrado cuestiona «si Invercaria» aparece «como intermediaria de instancias superiores (...) en orden a la salvaguardia de empleo de unos trabajadores de una empresa, radicada en Málaga, Vitelcom» y «en orden a la constitución de Servivation». El juez señala que no se trata del «típico supuesto de actuación que normalmente se ha dado en Invercaria, en el que alguien llegaba allí y a través de los departamentos de promoción, de análisis e inversión iban estudiando el desarrollo de unas ideas, de unos planes de negocios» y «luego Invercaria invertía porque se entendía que eran proyectos innovadores». A la pregunta de «quién partió» la ayuda, Pérez Sauquillo, tras explicar que Invercaria «conoce la plantilla que de alguna forma se quiere ayudar» por «un estudio previo de Vitelcom», señala que «esto viene de arriba, porque hay que pensar que es una empresa de la más alta cualificación tecnológica».
Vitelcom quebró tras dejar su único cliente, Telefónica, de encargarle teléfonos móviles, indicó. Se trata de «una empresa que viene a través lógicamente de la Junta porque era una empresa tan importante para Andalucía que viene buscando financiación para un desarrollo de su tecnología». Los trabajadores de la planta de móviles fueron reconvertidos en el mantenimiento de ordenadores e impresoras. «Todo viene siempre a través de la Junta de Andalucía y después de la Consejería, que nos dicen que estudiemos primero a Vitelcom», insistió el ex presidente de Invercaria. Según Pérez Sauquillo, «es una indicación, una orden no se recibe nunca», y recuerda que «Invercaria es una herramienta de funcionamiento de la Consejería y de la Agencia IDEA, eso no podemos obviarlo». A través de esta empresa la Junta tramitó los pagos a empresas de la partida 31L. El declarante señala «al propio consejero» y reconoce que se reúne con el presidente de Vitelcom antes, incluso, de la constitución de Servivation, la empresa creada ad hoc para la recolocación de los empleados. Según Pérez Sauquillo, la idea de la constitución de Servivation no la tuvo «nunca» Invercaria, sino «la Consejería». «La Junta, diría yo, porque veo al consejero hablando en nombre de la Junta», especificó, señalando –«imagino», dice– al «Consejo de Gobierno». «Lo que sí es cierto es que oigo hablar al consejero en nombre de la Junta».
Pérez Sauquillo habla incluso de «una financiación» aprobada en el consejo de Invercaria de «6 millones» para Vitelcom que no se llegó a ejecutar. Servivation nace «para dar una reorientación a la plantilla altamente cualificada de Vitelcom». «Esto sale hasta en la prensa», recuerda el declarante, que señala además una intervención del consejero Vallejo en el Parlamento «un mes y medio antes de que se aprobara en el consejo de administración de Invercaria» anunciando una cuantía «de 1,2 millones».
Al ser cuestionado por el juez si encargó «el plan de negocios» o estudios de viabilidad de Servivation o «como la superioridad me está diciendo que hay que darles ese dinero, para qué vamos a molestarnos, el dinero se vehicula vía Invercaria y santas pascuas», Pérez Sauquillo indica que Invercaria tiene que ser «asesorada y apoyada por la Consejería». «Qué necesidad vemos para volver a darles a ellos para que nos asesoren en el mismo estudio», indica, dando por hecho que la Consejería ya había estudiado la empresa a pesar de no constar ningún análisis. La ayuda va directamente al consejo de administración «porque el estudio correspondiente lo hicieron ellos» y se aprobó «por unanimidad». El juez insiste en si «se cogió a Invercaria para entregar el dinero a Servivation» y «como recibes órdenes de arriba, para qué nos vamos a molestar en realizar ningún estudio, porque ya de arriba nos han dicho que el dinero para Servivation». La empresa, pese a la «alta cualificación», entró en concurso de acreedores. «Parece que no fue responsable nadie», censuró el juez. «La sociedad andaluza no puso pegas», replicó Sauquillo. En respuesta a las partes, el declarante señala que «la inmensa mayoría de los proyectos, por no decir la totalidad, eran conocidos por la Consejería en todo momento».
La Junta «actuará» tras los jueces
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, aseguró ayer que la Junta actuará «según corresponda» pero «una vez que se pronuncien los jueces» sobre los procedimientos abiertos en torno a la empresa pública de inversión en capital, Invercaria, y espera que el procedimiento judicial acabe «lo antes posible», en un proceso donde la Agencia de innovación y desarrollo de Andalucía «está personada como perjudicada». Maldonado respondió en el Pleno al diputado popular Jaime Raynaud. En las últimas comparecencias judiciales, sin embargo, guardó silencio.
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