Vox quiere dar ayudas de 250 euros a adolescentes para que no aborten

El pago mensual, para embarazadas sin recursos menores de 30 años, acabaría al nacer el bebé

Pagar 250 euros al mes a adolescentes que se han quedado embarazadas para que no aborten. Eso plantea una iniciativa presentada por Vox en el Parlamento andaluz, que contemplaría realizar un seguimiento a esas chicas que se encuentren en edad escolar para que puedan acabar los estudios obligatorios, manteniéndose ahasta que los bebés cumplan tres años. La proposición no de Ley en el Parlamento andaluz, registrada el 1 de julio, plantea que esa prestación se extienda a mujeres embarazadas sin recursos, siempre que sean menores de 30 años. La formación de ultraderecha pretende que la ayuda se conceda desde el momento en que la mujer certifique el embarazo –a partir de las 14 semanas–, y hasta el parto. Una vez nacido el bebé se extinguiría la ayuda, pese a que la familia continuaría estando en una situación precaria.

Según expone Vox en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, hay una necesidad de apoyar desde las administraciones públicas a las embarazadas que desean continuar con el embarazo. En este sentido, aseguran que la ayuda media por embarazada en Andalucía durante el año 2017 fue de 2,78 euros. Concretamente, en ese ejercicio se destinaron 254.100 euros a las mujeres embarazadas, «lejos de otras comunidades autónomas con menor población como el País Vaco (350.000 euros) o Galicia (1.907.300 euros)».

Para Vox, existe una «clara correlación entre los fondos que destinan las administraciones públicas a las mujeres embarazadas y el número de embarazos interrumpidos». Según expone, dos de las comunidades que no ofrecen ningún tipo de ayudas a la mujer embarazada, Asturias e Islas Canarias, son las que registran «la mayor ratio de embarazos interrumpidos». Este partido defiende que «el gasto total por parte del conjunto de las administraciones públicas en el año 2017 en ayudas a la mujer embarazada fue de 3,6 millones de euros, mientras que las ayudas para interrumpir voluntariamente el embarazo fueron de 34 millones», algo en cuestión porque estas últimas no son en realidad tales prestaciones. En su iniciativa, pide que la Administración expida un certificado médico que acredite el embarazo y que las ayudas a las madres gestantes sin recursos sean efectivas desde ese momento.