Aumentan las quejas en Sanidad y Consumo en Castilla y León

Importante aumento en el número de quejas que ha recibido el Procurador del Común, Tomás Quintana, el pasado año, y cuya memoria anual hacía entrega al presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, en la sede del Parlamento regional, en la capital vallisoletana. Un incremento notable, al sumar un total de 6.500 (por las 3.888 del año precedentes), que viene motivada en mayor medida por las reclamaciones relativas a la Sanidad y al Consumo, que acaparan el 64 por ciento de los casos.

La principal causa de esta subida llega de Zamora, y en especial sobre las anomalías que presenta el servicio oncológico de Zamora, que alcanzó las 3.900 denuncias y que en estos momentos se está resolviendo, tras hacerle llegar el asunto a la Consejería de Sanidad. Respecto a este mal funcionamiento de este servicio, Quintana alegó a la falta de personas para atender de una manera correcta a los pacientes. También en materia sanitaria se produjo quejas por las listas de espera; el proceso selectivo de personal público o la falta de reconocimiento de condiciones laborales para el personas que presta sus servicios en el Sacyl.

También hubo reclamaciones correspondientes a las ayudas al alquiler de vivienda; a la higiene escolar; precio de plazas en residencias para mayores o sobre la conservación de obras públicas, infraestructuras y carreteras.

El 95 por ciento de las quejas remitidas fueron de carácter individual, mientras que el resto se produjo por varios colectivos, mientras que la administración que mayor reclamaciones recibió por el Gobierno regional (82 por ciento de los casos), seguido por las entidades locales (un 15 por ciento).

Respecto a las resoluciones dictadas por el Procurador del Común, durante el pasado año se llevaron a cabo 980, de las que 347 tuvieron que ver por la inexistencia de irregularidades, y el resto, 633, se formulaban recomendaciones recordatorios de deberes legales o sugerencia de la Administración.

Respecto a estas últimas, a 31 de diciembre de 2018 fueron contestadas por parte de las Administraciones un 67 por ciento de ellas y de ellas fueron aceptadas 264 (62 por ciento); de manera parcial (10 por ciento) y las no aceptadas sumaron 118, (28 por ciento).

Quintana mostró su «frustración» ante la falta de respuesta de algunas entidades, en especial pequeñas, y avisó de que se estudiaría la posibilidad de emprender acciones legales contra ellas.

Pos su parte, el presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, quiso poner en valor el trabajo que están realizando las instituciones propias castellano y leonesas, de las que dijo están funcionando «a pleno rendimiento» y con «autonomía y objetividad», algo que está redundando en beneficio de los ciudadanos de la Comunidad.

Respecto a la presentación del informe del Procurador del Común en las Cortes, lo emplazó a una fecha aún por determinar, tras constituirse el Parlamento regional en diez días.