El Gobierno Herrera pone en marcha el «más valiente» Estatuto de Altos Cargos de España

El Gobierno que preside Juan Vicente Herrera ha puesto en marcha el Estatuto de Altos Cargos «más valiente y novedoso» de España. Así lo destacó el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Ejecutivo autonómico en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley en esta materia.

En este sentido, indicó que con este impulso legislativo se da respuesta a una demanda social para avanzar en regeneración democrática, contribuir a una sociedad más participativa y cumplir con un compromiso de investidura del presidente Herrera.

De Santiago-Juárez, que estuvo acompañado de la vicepresidenta Rosa Valdeón y de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, destacó, entre las novedades, que la norma contempla la limitación a ocho años el mandato del presidente y de sus consejeros, en este caso sólo para el mismo departamento.

Además, los representantes del Ejecutivo autonómico deberán rendir cuentas en las Cortes regionales, «en un mini debate de política general», a mitad de legislatura para explicar el desarrollo de los compromisos adquiridos.

Sobre las denominadas «puertas giratorias» -que un alto cargo se marche a trabajar a una empresa privada-, el anteproyecto establece que durante los dos años siguientes a su cese o despido, éste no podrá prestar servicios para entidades privadas de un sector en el que no tuviera experiencia profesional previa a su nombramiento y sobre el que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones.

Otra de las novedades que incluye la iniciativa es la constitución de una Comisión de Ética Pública que elaborará de forma periódica, al menos una vez al inicio de cada legislatura, una propuesta de Código Ético y de Austeridad que será debatida en el Parlamento autonómico.

Precisamente el título cuarto de la norma regula la actividad de esta Comisión de Ética Pública, que estará formada por representantes de la propia Junta pero también incorporará a tres expertos en Derecho del ámbito universitario, para encargarse de incoar y resolver los procedimientos sancionadores que se abra por infracciones administrativas de altos cargos.

Asimismo, la propuesta recoge que el régimen sancionador considere como infracciones muy graves los incumplimientos en materia de incompatibilidades, la presentación de documentos falsos, el incumplimiento del deber de abstención si una decisión beneficia a sus intereses personales o incumplir con las limitaciones de las «puertas giratorias». En este caso las sanciones implican la destitución de su cargo, la restitución de los beneficios que se hubieran percibido de manera indebida y la imposibilidad de ser alto cargo en un periodo de entre cinco y diez años.

El anteproyecto también contempla novedades en materia electoral, así como la Ley reguladora de la iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos.

Por otra parte, De Santiago-Juárez se refirió a otro de los «pilares» de los acuerdos aprobados por el presidente Herrera con los Grupos Parlamentario, la ordenación del territorio. Al respecto, afirmó que el objetivo del modelo impulsado por la Junta es «evitar que el tsunami se lleve a los pequeños municipios».

El consejero de la Presidencia aseguró que le «duele» que digan que el Gobierno regional «no tiene sensibilidad con los municipios».

Sobre los otros dos «pilares» -financiación autonómica y reindustrialización-, Pilar del Olmo se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar en las próximas semanas sendos acuerdos, y agradeció «la buena disposición» de todos los partidos políticos.

Otros acuerdos

Por último, Rosa Valdeón se refirió al resto de acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno. La vicepresidenta resaltó los 485.000 euros para el control y el diagnóstico de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, y los 149.000 de subvención para colaborar con las asociaciones Aspaym, Alcles y Adecyl.

«No vamos a admitir» a Montoro que «nos eche la culpa» del déficit

La consejera de Economía de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, no va a admitir «en absoluto» que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «eche la culpa» a las comunidades autónomas del incumplimiento del objetivo de déficit. «Si hubiera otro reparto entre Estado y comunidades habríamos cumplido», aseguró Del Olmo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde defendió la prestación de los servicios públicos esenciales por parte de las autonomías, sin que esto haya tenido reflejo en el reparto inicial del margen de déficit. Castilla y León incumplió el objetivo de déficit fijado para 2015 en el 0,7 por ciento en más de seis décimas y se situó en el -1,33 por ciento, según los datos facilitados por el Ministerio y ratificados por la propia consejera, quien criticó que se hayan enterado de las cifras «como siempre por la prensa».

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