La España autonómica, con Herrera a la cabeza, pide una financiación sin privilegios

Un nuevo sistema de financiación autonómica sin privilegios para ninguna autonomía, que respete la Constitución y el principio de igualdad; que dicha reforma se lleve a cabo de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; que se respete la lealtad institucional y, sobre todo, que el nuevo modelo de financiación se acometa cuanto antes, para poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades.

Estas son, grosso modo, las principales reivindicaciones al Gobierno de España que las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Galicia y La Rioja, que acaparan más de la mitad del territorio nacional aunque apenas el 21 por ciento de la población total de España, acordaban ayer en la Cumbre Autonómica de Zaragoza.

Una declaración conjunta que hace hincapié en la importancia de que ninguna Comunidad empeore su posición financiera por culpa de la reforma del modelo y que las necesidades de financiación de las regiones se fije asimismo atendiendo a los determinantes de sus necesidades de gasto reales, en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales como pueden ser la dispersión o el envejecimiento.

El texto también aboga por potenciación de las políticas de desarrollo regional y, en concreto, del Fondo de Compensación Interterritorial; o por que la reforma del sistema de financiación aborde la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de los territorios autonómicos.

Los seis presidentes consideran que es necesario mejorar sus recursos para prestar servicios de calidad, y exigen por tanto que se abone a las comunidades el importe de la mensualidad del IVA no ingresada en 2017, ya que en caso contrario el Estado dispondría de unos ingresos que corresponden a las autonomías.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, salía satisfecho de este encuentro que ponía como ejemplo de «rabioso ejercicio de autonomismo útil» y «cooperación en positivo» por las que él siempre ha apostado.

Herrera hacía hincapié en el gasto que supone para regiones como Castilla y León para poder prestar un servicio sanitario o educativo en igualdad de condiciones que un habitante de Valencia por ejemplo, y por ello insistía en la necesidad de discriminar sectores de gasto y población a partir de los 65 años porque, en su opinión, el sobre envejecimieto «supone mayores gastos en ese servicio». También en materia de financiación autonómica, Herrera reclamó que también se tenga en cuenta a la financiación local de los ayuntamientos, y hacía un llamamiento al Gobierno de España para que cuando adopte decisiones «legítimas» que supongan un mayor gasto autonómico, se tengan en cuenta también la financiación y así no se «endose» mayor déficit a las comunidades del ya existente.

El presidente de la Junta urge a la UE a tomarse en serio la despoblación

Además de reclamar al Gobierno de España que presente cuanto antes la Estrategia Nacional, la declaración institucional firmada ayer insta a Europa a tomarse en serio la despoblación. «La UE debe incluir una estrategia coordinada sobre los desafíos demográficos en la política de cohesión», decía el presidente Herrera, para quien Europa debe empezar también por incluir a España entre las regiones afectadas por este problema, y que el reparto de los fondos no se haga por habitante, sino atendiendo a la evolución de la población y con líneas específicas para las zonas con mayores dificultades.