«Principio de acuerdo» para intentar salvar los 362 empleos directos de la empresa Vestas

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, confirmó a última hora de la noche, que «podemos anunciar un principio de acuerdo y vamos a trabajar en las próximas horas para estar en condiciones de firmarlo en los próximos días». Asimismo explicó el retraso en que los acuerdos son laboriosos» pero descartó hablar de «marcha atrás». Ahora toca perfilar las «diferentes medidas y las diferentes garantías por todas las partes», explicó.

Y eso que a primera hora de la tarde, las noticias eran halagüeñas, ya que se hablaba de un acuerdo entre todas las partes. «A media tarde había acuerdo y después se deshizo».

Una de las causas es que la empresa se negaba a retirar el ERE para sus empleados, algo que no entraba dentro de los planes de los sindicatos y de la Junta, que se negaron a tal extremo y por eso no quisieron formar parte en la firma del documento previsto.

Una reunión en la que estaban presentes además del Gobierno, empresa y sindicatos, el viceconsejero de la Junta, Carlos Martín Tobalina, y la Fundación Anclaje, que al parecer está interesada en la viabilidad del proyecto. Hay que recordar que el pasado viernes la dirección de Vestas comunicó a los representantes de los trabajadores que la salida de los empleados se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre.

Mientras, los eurodiputados castellanos y leoneses del PP y del PSOE, Agustín Díaz de Mera e Iratxe García, enviaron en el día de ayer a la Comisión Europea tres preguntas, firmadas conjuntamente sobre el cierre de la planta de la multinacional eólica Vestas. En concreto, preguntan a la Comisión Europea si contempla la posibilidad de denunciar a la empresa por «posible uso fraudulento de fondos de la UE», ya que Vestas «ha sido beneficiaria de importantes ayudas públicas autonómicas, nacionales y europeas» y que, en este sentido, «el anuncio del cierre de la planta de León y el traslado de la producción a países extracomunitarios supone una utilización fraudulenta de los fondos de la Unión Europea de los que la empresa se ha beneficiado».

Además, cuestionan a la Comisión Europa si tiene previsto iniciar algún tipo de expediente sancionador ante la situación provocada por Vestas, ya que el cierre de la planta de Villadangos del Páramo supone «la supresión de 362 empleos directos y otros casi 2.000 puestos de trabajo indirectos».