Ruiz Mateos y uno de sus hijos serán juzgados por delitos fiscales el 28 de abril en Valladolid

Se les acusa de orquestar una fraudulenta operación inmobiliaria a través de una mercantil vallisoletana utilizada como 'pantalla'

El empresario jerezano José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada y uno de sus hijos, José María Ruiz Mateos Rivero, serán juzgados en Valladolid el próximo día 28 de abril por dos delitos fiscales cometidos en 2009, fecha en que los acusados defraudaron supuestamente al fisco más de ocho millones de euros a través de una fraudulenta operación inmobiliaria en la que habrían utilizado como intermediaria o 'sociedad pantalla' a una mercantil vallisoletana.

Ambos empresarios, que compartirán banquillo con su presunta testaferro, Encarnación Solana Contreras, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal solicita para la mujer imputada, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública imputa a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicita para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito

y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.

La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.

De tales cantidades, la acusación pública sitúa a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.

La postura de Fiscalía se produce después de que la Sección Cuarta de lo Penal ratificara un auto de junio de 2013 dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, confirmado por el mismo juez el 10 de enero de 2014, que acordó incoar diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra ambos empresarios, propietarios del Grupo Rumasa, y Encarnación Solana Contreras, por hechos que se remontan a 2008, cuando los primeros, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.

Una finca en Reus

Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, 'paraíso fiscal', con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.

La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.

Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.