Barcelona compra un edificio por 3,7 millones para vivienda social

El inmueble, situado en el paseo Joan de Borbó, era hasta ahora propiedad de la Seguridad Social. La finca, que cuenta con 14 pisos, servirá también para acoger equipamientos para los vecinos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vivido esta semana un episodio cuanto menos curioso. La asociación que ella misma creó, Plataforma de Afectados por al Hipoteca (PAH), le remitió una carta sacándole los colores. A su juicio, desde su llegada a la alcaldía, todas sus intenciones sobre ayudar a fomentar la vivienda social en quedado, en mayor o menor medida, en papel mojado. Colau necesitaba un gesto. Así que ayer el Ayuntamiento aprobó la compra de un inmueble situado en el paseo Joan de Borbó, 44-45, para transformarlo en un bloque de precisamente viviendas sociales, que también acogerá un equipamiento para los vecinos. La actuación supone una inversión de más de 3,7 millones de euros procedentes del superávit que se aprobó para políticas sociales.

El edificio, hasta ahora propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, consta actualmente de 14 pisos repartidos en seis plantas y el ático. Una vez se haga efectiva la compra se valorará el estado y se estudiará cómo redistribuir y optimizar el espacio para su nuevo uso. La finca también dispone, en los bajos, de tres locales comerciales de más de 200 m2, que está previsto reconvertir en un equipamiento vecinal.

La compra de este edificio es una de las actuaciones que se han hecho a raíz de la incorporación de 101 millones de euros del superávit previsto para 2015 en la partida de inversiones sociales del consistorio.

La concejala del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, señaló que sentía “una gran satisfacción porque este edificio pase a ser municipal, ya que es una antigua reivindicación de los vecinos de la Barceloneta que hemos apoyado desde el primer momento” y añadió: “Estos viviendas nos permitirán ampliar el parque de vivienda pública de la ciudad y ayudarán a luchar contra la situación de emergencia habitacional que estamos viviendo actualmente.

Una vez ejecutada la transferencia de la finca, los técnicos municipales podrán valorar la situación del inmueble y ver qué tipología de vivienda social es la más adecuada. Así como establecer cuáles son las actuaciones necesarias para adecuarlo. El edificio deberá dar respuesta a las necesidades de vivienda y de problemas de movilidad vertical que sufren muchos vecinos de la zona.

Esta actuación está incluida en la modificación del Presupuesto General del Ayuntamiento que permite invertir en políticas de carácter social 101 millones de euros que provienen del superávit previsto para el año 2015. Esta iniciativa del gobierno municipal se aprobó definitivamente en el plenario de octubre con el apoyo de ERC, PSC y CUP.

La voluntad del gobierno municipal es destinar el superávit excesivo a las nuevas prioridades ciudadanas basándose esencialmente en las políticas sociales, la respuesta de la emergencia en vivienda, la lucha contra la crisis y la mejora del espacio público.