Cataluña es una de las comunidades que menos jueces y magistrados tiene

Cataluña es una de las comunidades que menos jueces y magistrados tiene por habitante, con una media de 10,2 por cada 100.000 personas, por debajo de la estatal (11,1) y sólo por delante de Castilla-La Mancha, Navarra y Extremadura.

Un estudio redactado por la Cátedra Observatorio Social y Económico de la Justicia, impulsada por el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), radiografía el estado actual de la organización judicial en Cataluña y aporta datos relativos a los órganos judiciales, personal, volumen de asuntos, medios materiales y la calidad de la Justicia.

Este informe ha sido presentado hoy en Barcelona en un acto en el que han participado los codirectores de la citada Cátedra, Manuel Cachón, catedrático de Derecho Procesal, y Enric Fossas, catedrático de Derecho Constitucional; el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié; la decana de la facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater, y el conseller de Justicia, Germà Gordó.

Según informa hoy la UAB en un comunicado, la ratio más alta de plazas de jueces y magistrados por habitante es la de Astúrias (14,1), seguida de Cantabria (12,8), Galicia (12,1),Canarias (12), Castilla y León (11,9), Baleares (11,7) y La Rioja (11,5).

El resto de comunidades oscila entre los 8,8 jueces por cada 100.000 habitantes de Castilla-La Mancha y los 10,7 de Madrid, Aragón (10,6), Andalucía (10,5), País Vasco (10,4), Murcia y Comunidad Valenciana (10,2 cada una), Extremadura y Navarra (10,1).

Los datos constatan que Girona y Lleida están infradotadas por lo que se refiere a personal de la administración de Justicia y que existe una clara tendencia al mayor peso de las capitales respecto al resto de cada provincia.

También se detecta que, en la jurisdicción civil, los juzgados de fuera de la capital de provincia están congestionados, menos atendidos por jueces titulares y sus resoluciones tienen una tasa de revocación más alta que los juzgados de las capitales, una situación que no pasa en las jurisdicciones penal y social de los juzgados comarcales.

En cuanto al volumen de asuntos, los tribunales de la provincia de Barcelona son los que más tienen dentro del territorio catalán y en todos los órdenes jurisdiccionales, ya que representan el 63 % de todos los asuntos pendientes a final de año.

Le siguen los tribunales de Girona (20 %), Tarragona (12 %) y Lleida (5 %).

Por jurisdicciones, la civil y la penal son las que más volumen de asuntos representan en todas las provincias catalanas, con un 39 % y un 35 %, seguidas de la laboral (22 %) y la contencioso administrativa (4 %).

En cuanto a medios materiales, la provincia de Barcelona dispone de una media de 2,52 inmuebles por cada partido judicial, mientras que Tarragona cuenta con una media de 2,12, Lleida con 1,71 y Girona es la que presenta una media más baja de inmuebles por partido judicial: 1,51.

El estudio también alerta de las consecuencias del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tramita actualmente el Gobierno, y que prevé el traslado de algunos asuntos a Juzgados de partidos judiciales diferentes a los que correspondería por competencia territorial, en función de la carga de trabajo.

Esta medida no afectaría a los asuntos del ámbito civil, que continuarán siendo resueltos en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción más próximos, pero sí a los de los ámbitos penal y social.

El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, se ha mostrado contrario al nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que deja "en manos del presidente de la Sala de Gobierno el reparto de asuntos, que hasta ahora se regían por unas normas legales de competencia territorial", lo que pondría en peligro la justicia de proximidad, a su juicio, se considera en la nota.