El Ayuntamiento paga por traducir al castellano las cuentas de sus empresas

El uso del catalán como lengua preferente en el Ayuntamiento de Barcelona implica una serie de gastos de fácil supresión si la administración apostara por realizar sus comunicaciones en las dos lenguas oficiales de Cataluña.

El uso del catalán como lengua preferente en el Ayuntamiento de Barcelona implica una serie de gastos de fácil supresión si la administración apostara por realizar sus comunicaciones en las dos lenguas oficiales de Cataluña. En el año 2011, el Consistorio tuvo que invertir 11.463,28 euros en la traducción al castellano de las cuentas generales anuales de varias de sus empresas que inicialmente habían sido elaboradas en lengua catalana.

BSM, la empresa que gestiona la movilidad de la ciudad, los aparcamientos públicos, las zonas de área verde y azul, el autobús urbano o el bicing, pagó 3.522 euros por la traducción del catalán al castellano de las cuentas generales y las cuentas anuales del ejercicio de 2011, según una respuesta del director del servicio de empresas del Ayuntamiento, Ramon Carrera Segués, al Partido Popular.

Zona verde y cementerios

BSM no fue la única empresa municipal que optó por esta fórmula para tener en castellano un documento que necesita a la hora de presentar sus números. En el caso de la compañía que gestiona las infraestructuras, Bimsa, el Consistorio barcelonés tuvo que abonar dos partidas para realizar la traducción. Pasar al castellano las cuentas anuales individuales de esta compañía costó 1.433,30 euros, mientras que la traducción de las cuentas consolidadas ascendió a 3.688, 26 euros.

La situación se repite en otras empresas municipales, como es el caso de Proeixample SA (883,24 euros), 22 Arroba BCN SAU (984 euros), Barcelona Activa (256,64), o, incluso, el resumen económico de Cementiris de Barcelona (695,84 euros).

Barcelona aprobó en enero de 2010 un reglamento de usos lingüísticos que consagra el catalán como la lengua de las comunicaciones municipales internas y externas. En febrero de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió siete artículos del reglamento, tras una denuncia del PP basada en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que recuerda que las lenguas oficiales de Cataluña son catalán y castellano y ambas deben ser utilizadas por la administración. Tras un recurso de casación del Ayuntamiento, el Tribunal Supremo avaló en abril del pasado año la sentencia del TSJC que anula los artículos que contienen «mandatos concretos y específicos cuyo significado excluyente del castellano es claro y manifiesto» y entiende que mantener su vigencia comportaría un perjuicio de difícil o imposible reparación. Cuando se hizo público el fallo, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, aseguró que nada iba a cambiar en el proceder lingüístico de la administración.

El PP asegura que es posible evitar gastos, como las traducciones al castellano, si las comunicaciones municipales fueran bilingües desde el principio. Y recuerda que se han dado situaciones rocambolescas cuando el edil de CiU Eduard Freixedes se negó a firmar las cuentas en castellano de Bimsa correspondientes al ejercicio de 2010.