La Generalitat hará campaña en Europa contra el fallo del TC sobre el 9N

El Govern de la Generalitat hará campaña en la Unión Europea y en otras partes del mundo contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la Ley de Consultas y el decreto del 9N.

El Govern de la Generalitat hará campaña en la Unión Europea y en otras partes del mundo contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la Ley de Consultas y el decreto del 9N, al considerarla un ejemplo de que el Estado defiende una “democracia de baja calidad”.

El Govern ha afirmado que la sentencia del TC impide a las instituciones catalanas poder consultar a los ciudadanos cuestiones de una cierta envergadura, lo que refleja, a su entender, que “España tiene una democracia de baja calidad” y que desde el Estado se está dispuesto “a cargarse la esencia de la democracia”.

En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, se ha referido a la resolución del Tribunal Constitucional conocida ayer, que ha calificado como “absolutamente incomprensible desde el punto de vista de los principios democráticos más elementales”.

El Govern ha encargado así al Consejo para la Transición Nacional un informe de “balance” sobre su apuesta por el derecho a decidir después del proceso participativo del 9N y la negativa del Estado a permitir un referéndum, el cual será difundido en las instituciones europeas y la comunidad internacional, sin concretar en qué consistirá esta iniciativa.

Según ha explicado Homs, el informe fue pedido ya hace algunas semanas a fin de que disponer de “un balance” acerca del nivel de cumplimiento del primero de los informes emitidos por el consejo, el que explica las diversas formas de ejercer el derecho a decidir.

Al evaluar la sentencia, Homs ha reprochado que al TC “le puede más ir en contra de Cataluña que el sentido democrático” que sus magistrados dicen tener, y ha advertido de que la sentencia denota que se mantiene “una interpretación muy restrictiva y alejada del pacto constitucional de 1978”.

“Se paga un precio muy alto para impedir un debate soberanista que todo el mundo sabe que no podrán impedir que se haga”, ha señalado, lo que comporta que incluso “están dispuestos a cargarse la misma esencia de la democracia”, ha subrayado.

En su opinión, “cuesta presentar una España en la que hay autonomías y parlamentos” pero en la que los gobiernos autonómicos “no pueden preguntar nada a sus conciudadanos”.

El conseller ha explicado que les “ha sorprendido que el TC diga que ya se garantiza la participación democrática permitiendo votar cada cuatro años, porque es una interpretación antigua y muy limitativa de lo que es una democracia”.

De hecho, ha recalcado, el Govern entiende que la sentencia y la negativa al diálogo “reafirman el acierto de la convocatoria del 9N en los términos en que fue planteada” por el presidente Artur Mas.

Desde el ámbito de los partidos, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha afirmado que la sentencia del TC “expulsa más a Cataluña” de un Estado que “renuncia a ser también de los catalanes”, lo que “aleja una posible tercera vía”.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al TC de ser un tribunal “de nombramiento político” que obedece a los partidos, PP y PSOE, y que “va contra la voluntad democrática de los catalanes”.

En cambio, desde el PSC, su primer secretario, Miquel Iceta, ha considerado “previsible” la sentencia y ha advertido que asegurar que de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre puede derivarse la independencia de Cataluña es “engañar y engañarse”.

Por su parte, el PP ha decidido hoy enterrar la petición del PSOE de abrir una debate en el Congreso para reformar la Constitución en esta legislatura tras rechazar la propuesta de resolución presentada por los socialistas en el debate sobre el estado de la nación.

Por parte de ICV, este partido aprobará en su Convención Nacional que arranca mañana su programa marco para impulsar un proceso constituyente a nivel social, económico y nacional, en el que defiende que Cataluña sea un Estado propio dentro de una España federal o confederal.