La oposición obliga a Colau a replantear la suspensión de licencias turísticas

PP, CiU, PSC, Ciutadans y ERC quieren que la moratoria no afecte a barrios con menos presión hotelera. El Ayuntamiento tiene un mes para presentar los estudios que justifiquen la aprobación de la polémica medida

El hotel de la torre Agbar es uno de los proyectos afectados por la moratoria turística
El hotel de la torre Agbar es uno de los proyectos afectados por la moratoria turística

Pese a la euforia inicial, era de prever que la legislatura no iba a ser fácil para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con apenas once concejales. Más aún cuando estar en la oposición crea extraños compañeros de viaje. Quién le iba a decir que su moratoria turística provocaría que CiU, Ciutadans, PP, PSC e incluso ERC se iban a aliar para tratar de tirar por tierra una de las medidas estrellas de su gobierno: la moratoria turística. Ya resultó extraño que la comisión extraordinaria celebrada ayer se convocara a petición conjunta de C’s y PSC, pero más todavía que el resto de fuerzas políticas, salvo la CUP, se sumara a las críticas. En éstas, ni siquiera Colau asisitió a la comisión y dejó la defensa de la moratoria a la teniente de alcalde Janet Sanz.

El resultado de la comisión, por lo tanto, se tradujo en que el resto de fuerzas municipales aprobó una proposición que insta al gobierno a levantar parcialmente la suspensión de licencias, especialmente en aquellos barrios en los que la presión turística no es tan acentuada. Sanz, que evitó dar datos que sostengan la moratoria, se limitó a señalar que su intención es «poner orden» después de varios años «de desregulación y barra libre». Acerca de la petición de los estudios previos sobre las consecuencias derivadas de los derechos de los inversores afectados por la moratoria, Sanz señaló que se realizan después de acordar la regulación -ya que es ésta la que establece los derechos- y no antes de la suspensión, que, recordó, es temporal y no definitiva

Contra todo pronóstico, los datos corrieron a cargo de la presidenta de la comisión y concejal de Ciutadans. Carina Mejías reveló que la moratoria ha afectado a 41 proyectos que cuentan con certificado urbanístico y que 18 de ellos podrían interponer demandas, según su información. Además, aseguró que la suspensión pone en peligro 6.000 puestos de trabajo. Mejías subrayó que la medida es una «clara prevaricación, porque produce efectos injustos» a los inversores, que, a su juicio, no son sólo grandes fondos, sino también pequeños inversores que no pueden asumir las pérdidas.

Desde el PP, Javier Mulleras dijo que aplicar la suspensión en toda la ciudad equivale a querer matar moscas a cañonazos, y criticó que el gobierno de Colau ha generado un efecto de expulsión de la actividad económica: «El gobierno municipal ha pasado de poder ser parte de la solución a ser una parte del problema».

Titulares fáciles

El líder municipal socialista, Jaume Collboni, criticó que el Ayuntamiento se está «acostumbrando a hacer titulares fáciles, y a veces son muy raros, como por el perjuicio que ha causado y los que puede causar» con las indemnizaciones. A su juicio, la moratoria «es errónea» y el gobierno municipal «no sabe como dar marcha atrás», porque «la han vendido como un éxito político, y les cuesta mucho deshacer el camino hecho». La portavoz adjunta de CiU, Sònia Recasens, que lamentó la ausencia de Colau, advirtió de que no están dispuestos a retroceder en lo que se había avanzado en materia de turismo responsable y recordó que buena parte del parque hotelero de Barcelona fue aprobado por ICV-EUiA. «¿Le suena este partido?», añadió.