Más de 20 plataformas turísticas bajo sospecha

Uno de los caballos de batalla del Ayuntamiento desde la llegada de Ada Colau ha sido sin duda ponerle coto al sector turístico. Al margen de la polémica moratoria hotelera, el gobierno municipal ha enviado cartas a 22 plataformas digitales de apartamentos turísticos requiriendo una lista con los pisos que no cuentan con el número de registro de la Generalitat.

El concejal de Empleo, Empresa y Turismo, Agustí Colom, detalló el martes, durante la comisión de Economía y Hacienda, que el Ayuntamiento remitió las misivas durante la segunda quincena de octubre a las 22 plataformas. Quince de estos portales tienen dirección en España, cinco están en el resto de Europa y dos, Estados Unidos. Colom detalló que seis plataformas alegaron que no pueden facilitar la lista porque incumplirían la Ley de Protección de Datos, mientras que los otros dos han pedido alargar el plazo para entregarla. Las quince restantes no han remitido todavía el acuse de recibo. Colom aseguró que están haciendo seguimiento de la respuesta de las plataformas y sus recursos, y garantizó que abrirán expedientes sancionadores si no colaboran.

Colom destacó, en otro orden de cosas, que la Generalitat ha transferido al Ayuntamiento 1,3 millones de euros por la tasa turística de entre enero y marzo de 2015, y que el Gobierno municipal no ha decidido aún a qué proyectos destinará la mitad de los recursos.

La comisión de Economía también sirvió para cuantificar la situación financiera entre administraciones catalanas. La Generalitat ha dejado de aportar a los servicios públicos de la ciudad de Barcelona entre 2011 y 2015, 155 millones de euros, según el informe sobre la evolución de la deuda que presentó el gobierno municipal. El informe cifra en otros 140,23 millones la deuda total (vencida, no vencida y pendiente de reconocer) de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona. El informe destaca la reducción, en el periodo 2011-2015, de las aportaciones al Consorcio autoridad del transporte Metropolitano (89 millones), a la Fira (20 millones), al Consorcio de la Educación (10 millones) y a la Agencia de Salud Pública de Barcelona (1). Sobre la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento de la capital catalana, el teniente de alcalde Gerardo Pisarello explicó que el nuevo gobierno ha conseguido un «importante avance» en su reconocimiento.

El concejal del PP Javier Mulleras preguntó por si el Gobierno municipal prevé revertir la operación que en el mandato anterior externalizó la gestión de 26 aparcamientos del centro de la ciudad por 174 millones de euros. Pisarello lo descartó dado que el contrato incluye cláusulas millonarias en caso de cancelación, de al menos 216 millones. Mulleras aseguró que el Ayuntamiento exigirá a Barcelona Aparcaments Municipals (Bamsa) que cumpla con todas las cláusulas contractuales, especialmente a las relacionadas con la transparencia y el servicio público.