Bonig da el primer paso hacia la instalación de plantas incineradoras

El tratamiento de los residuos sigue siendo uno de los asuntos pendientes del Gobierno valenciano. A pesar de que las organizaciones ecologistas y la oposición han impugnado el Plan Integral de Residuos (PIR), la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente sigue adelante con la planificación de plantas de valorización de residuos, así es como prefieren llamar a las incineradoras de última generación.

Con cuatro meses de retraso con respecto al calendario previsto, esta semana se reunió la Comisión Técnica para la valorización energética que está formada por técnicos de los 13 consorcios de la Comunitat.

Este grupo de trabajo deberá determinar el número y la ubicación de las plantas incineradoras necesarias para tratar los desechos. Se lleva años hablando de su necesidad y hasta el momento siempre se había puesto sobre la mesa la necesidad de construir una por provincia. Sin embargo, esta cifra está también en estudio.

Su ubicación será también una de las cuestiones que más problemas conllevará. Como publicó LA RAZÓN, Infraestructuras encargó un estudio a la consultora medioambiental Bureau Veritas que recomienda que estas instalaciones se construyan en polígonos industriales por dos motivos.

En primer lugar porque se trata de espacios donde es difícil que se produzca impacto ambiental. En segundo lugar, porque las plantas incineradoras eliminan el rechazo de los vertederos tras someterlas a altas temperaturas. Este procedimiento genera una importante cantidad de energía que podrían aprovechar las industrias.

El límite, esta legislatura

La comisión de técnicos será la que tenga que debatir todas estas cuestiones. Las conclusiones deberán estar elaboradas en un máximo de ocho meses y serán la base del plan de valorización energética valenciano cuya finalización se ha prometido para final de legislatura.

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, pedirá a Bruselas financiación a costa de un proyecto LIFE+ para desarrollar una importante campaña de información al ciudadano.

La Generalitat deberá hacer una importante labor de pedagogía si quiere evitar el rechazo que generan estas instalaciones. Bonig defiende que la legislación europea obliga a que las regiones busquen maneras de eliminar los vertederos para evitar que, tal y como se prevé, queden colmatados entre 2018 y 2020. Además, insiste en que Cataluña y el País Vasco tienen incineradoras así como Dinamarca o Alemania.