Bonig se mantiene firme ante el órdago de los ediles y los expulsará del PP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se reunirá durante el día de hoy con ellos. Si no logra convencerlos, el grupo municipal popular se quedará formado por un único concejal, Eusebio Monzó.

La dirección del PPCV contaba ya con la posibilidad de que los concejales del Ayuntamiento de Valencia se aferrasen a su acta y por eso se reunirá individualmente con cada uno de ellos para tratar su situación. El horizonte es extremadamente complicado, puesto que nueve de los diez ediles que conforman el grupo municipal están siendo investigados por participar en una trama de blanqueo de dinero.

Sin embargo, desde el PP confirman que no habrá cambio de estrategia. Insisten en que ya se acordó con ellos en que si se mantenían los cargos contra ellos después del levantamiento de sumario,deberían abandonar su actay recuerdan que ellos mismos adquirieron este compromiso público a través de un comunicado.

De hecho, este escrito fue el motivo por el que la dirección accedió a retrasar la expulsión. Durante los primeros compases del «caso Taula», se aseguró que todo el que estuviese investigado debería abandonar sus cargos orgánicos y su acta. Defienden además que su decisión queda amparada por los Estatutos, que permiten la expulsión cuando se produzca una situación de alarma social y esta, que ha acabado con la imputación de todo el PP, lo es.

Por tanto, la decisión está tomada. O dejan el acta voluntariamente o pasarán a formar parte del grupo de los no adscritos. El expediente informativo anunciado por la dirección nacional a última hora de la tarde de ayer refuerza la decisión de Bonig.

Pero los concejales populares no están por la labor de abandonar el barco pese a la tormenta mediática y judicial y pese a que la embarcación hace aguas por todas partes. Ayer hicieron piña en su defensa y, de paso, para matizarle a Bonig que la línea roja está en la apertura del juicio oral y eso, recordaron, aún no ha pasado. Y según, Alfonso Novo, no pasará porque «no hay nada».

El portavoz municipal insistía en que «no existen pruebas de cargo ni datos que demuestren comisión de delito, solo declaraciones de testigos», en relación a las conversaciones en las que la exconcejala María José Alcón aseguraba que en el PP local «había mucho dinero negro» y «corrupción política total». Por lo tanto, según el edil, el contenido que se desprende del sumario «no tiene consistencia» para respaldar «la exigencia de consecuencias políticas inmediatas», así que todos ellos coinciden en pedir el sobreseimiento del caso y en mantener sus puestos- «vamos a seguir trabajando como concejales con toda la legitimidad y volcados al máximo al servicio de los valencianos».

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se reunirá durante el día de hoy con ellos. Si no logra convencerlos, el grupo municipal popular se quedará formado por un único concejal, Eusebio Monzó. Esta posibilidad también está ya estudiada. Si esto ocurre, la labor de oposición se hará desde el partido. El presidente de la gestora, Luis Santamaría, ya ha comenzado a reconstruir el partido.

Si el PP expulsa a los nueve ediles imputados y les obliga a entregar el acta, los afectados tienen dos opciones: abandonar su cargo o permanecer como «no adscritos». No habrá Fuenteovejuna. La decisión será personal y corresponde a cada uno, insisten los protagonistas, que se niegan a hacer pública la suya. Si eligen seguir ocupando sillón en el hemiciclo, los próximos tres años no serán fáciles desde el punto de vista laboral, pues Ribó, con potestad para ello, podría llevar adelante su amenaza y rebajarles el sueldo hasta tal punto de no hacer rentable acudir a trabajar. Ese es el temor de varios de los salpicados en la supuesta trama, pero no el único. Los ediles populares temen que el alcalde lleve a cabo una campaña encubierta para finiquitar a un grupo con demasiados frentes abiertos para reaccionar. Ayer Novo, en un intento de frenar las represalias del tripartito, hacía un llamamiento a Ribó y le pedía, además de respeto por el derecho de presunción de inocencia, que no abra expediente disciplinario o expulse a ningún asesor del PP hasta que no se dicte sentencia, pues ello «podría destrozar la estructura del partido». Es más, se mostró seguro de que el caso quedará sobreseído o archivado.