Educación

El Gobierno admite que el decreto de Marzà puede ser inconstitucional

El Ministerio responde a Cs que podría provocar casos de discriminación

El Gobierno admite que el decreto de Marzà puede ser inconstitucional
El Gobierno admite que el decreto de Marzà puede ser inconstitucionallarazon

El Ministerio responde a Cs que podría provocar casos de discriminación

El decreto de plurilingüismo de la Generalitat valenciana podría «no ajustarse al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la Comunitat Valenciana y constituir fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación para el alumnado y las familias». Esta es la conclusión a la que llega la Inspección del Ministerio de Educación en un informe que ha remitido como respuesta a la pregunta realizada por la diputada nacional por Alicante de Ciudadanos, Marta Martín.

Argumenta que la legislación española establece la necesidad de que el conocimiento de otras lenguas dentro del territorio nacional no debe ser «fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación».

El informe incide en el hecho de que el decreto establece un aprendizaje progresivo de los idiomas y que en «esta progresión, aumenta la utilización del valenciano y el inglés como lenguas vehiculares en asignaturas no lingüísticas y disminuye, a su vez, el número de asignaturas que se imparten en castellano, en función del proyecto lingüístico aprobado por el centro». Por ello, la Inspección de Educación considera que la vinculación de valenciano e inglés puede ser un «elemento discriminatorio para el alumnado» en casos como en los territorios castellanoparlantes donde «es lógico que los centros» escojan el nivel básico de valenciano y, por tanto, «no tendrían la posibilidad de acceder a niveles superiores de inglés».

El Ministerio cuestiona la manera en la que se ha aprobado la elección del modelo lingüístico del centro. Según el decreto de la Generalitat son los Consejos Escolares los que deciden. Sin embargo, recuerda que la Lomce establece que estos órganos deben evaluar los proyectos y no aprobarlos y por tanto, pide que se corrija este punto en el reglamento de la ley.

También pone pegas al hecho de que desde la Conselleria de Educación se regule la obtención de las certificaciones de los niveles de idiomas porque no da la oportunidad a todos los alumnos que cursen el mismo curso de obtener la misma certificación en inglés y valenciano.

El TSJ mantiene suspendido el decreto de plurilingüismo, pero Marzà insiste en que no aplicará el programa lingüístico que aprobó el PP que sí está en vigor.