El PSPV vota en contra del trasvase Tajo-Segura

Los socialistas valencianos, Inmaculada Rodríguez-Piñero y Enrique Guerrero, han apoyado en Europa un informe elaborado por la Comisión de Peticiones en el que se establecía la prioridad de los criterios medioambientales en detrimento de las necesidades agrícolas y sociales en las cuencas del Tajo y el Segura y en el que se afirma que «en la zona oriental de España hay escasez de agua debido al cambio climático, a la presión urbanística, a la actividad turística y al riego intensivo». Y concluye que la falta de caudal ecológico en el Tajo, debido al trasvase, tiene un efecto negativo en los hábitats».

Entre las recomendaciones iniciales, la delegación de la Comisión que visitó la zona, señalaba que se debía de cambiar «el modelo de gestión de los recursos hídricos», condicionando la distribución de uso y «dando prioridad» a los requisitos medioambientales frente a los socioeconómicos». Ante esta situación, el PP junto a UPyD presentó una enmienda para eliminarla, mientras que los socialistas se centraron en manifestar que la Comisión encontró en 2015 «deficiencias en los primeros planes de cuencas que, al no haber sido subsanados, han de rechazarse los futuros». Hecho que fue considerado por los populares «completamente inaceptable» ya que «no existe ningún pronunciamiento de las instituciones europeas en este sentido, al estar aún en fase de examen».

Otra de las enmiendas socialistas pretendía introducir la recomendación de que la regulación de los caudales ecológicos en España sea la europea y no la nacional, dando a entender que no se cumple la europea. Lo más significativo del informe, al que se presentaron 36 enmiendas, seis del PP y solo dos del PSOE, señalaba que el Tajo debía «revisar al alza» los caudales ecológicos, con la repercusión que ello podría ocasionar en el trasvase Tajo-Segura. Así como ajustar la superficie de regadío en esa zona a la disponibilidad de los recursos y se cuestionaba la validez de la escasez de recursos hídricos que sufren Alicante y Murcia.

Las enmiendas propuestas por los eurodiputados populares consiguieron eliminar de la primera recomendación la referencia a que se tenga que cambiar completamente el modelo de gestión dando prioridad a los requisitos medioambientales frente a los socieconómicos. A cambio, se introdujo la consideración de que la gestión del agua en España debe ser revaluada y se pide que la Comisión «rechace el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados.

Otra de las recomendaciones sugería la necesidad de mejorar la gobernanza del agua de la cuenca del Segura y ajustar las superficies de regadío a los recursos disponibles, cumplir con las obligaciones ecológicas y elaborar inventarios públicos de las tierras de regadío. En este sentido, las enmiendas presentadas por los populares consiguieron, a pesar de estar en minoría, que se elimine la obligatoriedad y exclusividad del uso de agua desalada e la cuenca del Segura y que se deba ajustar la superficie de regadío a los recursos disponibles en cada momento. El PP ha criticado el voto en contra del PSOE a sus enmiendas, y la rotura del pacto alcanzado con anterioridad «plegándose» a los socialistas catalanes, en contra del segundo ciclo de planes hidrológicos de cuenca presentado por el Gobierno español y que cuenta con el respaldo del 80 por ciento de las regiones y los usuarios.

De salir adelante el informe inicial hubiera supuesto el fin de la agricultura y del turismo en la Comunitat Valenciana, cuyos sectores dan trabajo a 340.000 personas y aportan casi el 30 por ciento del PIB. Nadie en el PSPV se ha pronunciado sobre el tema.