El síndic acusa a las firmas públicas de ser el «origen de muchos de nuestros males»

Muchos de los problemas que acarrea la Administración valenciana en la actualidad, tienen como origen la creación de las empresas públicas, unos entes que, según el síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, nacieron para «huir» del derecho administrativo.

Muchos de los problemas que acarrea la Administración valenciana en la actualidad, tienen como origen la creación de las empresas públicas, unos entes que, según el síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, nacieron para «huir» del derecho administrativo y carecen de cualquier tipo de control interno, al menos hasta ahora.

Así lo aseguró ayer el síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, donde resaltó que es un paso muy importante que a partir de ahora estas firmas vayan a tener un auditor interno.

Se mostró convencido de que la Administración tendrá que volver al lugar «del que nunca se tendría que haber movido», es decir, a la centralización en unos únicos presupuestos, sin que haya tanta diversidad de cuentas de empresas públicas difícilmente controlables.

En otro asunto en el que también se ha avanzado de manera importante, según el síndic, es en la disminución de las obligaciones no reconocidas, también llamadas «facturas en los cajones». Durante años, explicó, era práctica común que a lo largo del ejercicio se crearan nuevos gastos -sobre todo en materia sanitaria- que no se asignaban al presupuesto, por lo que quedaban fuera del mismo. Poco a poco este asunto se ha ido regularizando, aunque todavía queda por hacer «porque deberían incluirse en el presupuesto».

Las críticas del síndic a estas prácticas no contentaron a la oposición, quien acusó a Queralt de «haber fracasado» en la fiscalización de las cuentas y haber conseguido un «relajamiento del fiscalizado», es decir, de la Generalitat. Le interrogaron sobre cómo es posible que no haya tomado medidas judiciales al destapar entramados contables como los de Nóos con el Valencia Summit o Emarsa.

Antes estas acusaciones, Queralt aseguró que son los jueces los que deben establecer las responsabilidades penales en estos casos y que el papel de la Sindicatura es establecer si hay «irregularidades administrativas», algo que sí que se hizo durante años.

Queralt informó de que varios juzgados de Valencia y Palma de Mallorca que investigan casos de corrupción le han solicitado informes sobre Vaersa, la Agencia Valenciana de Turismo, Cacsa y sobre posibles irregularidades en la contabilidad de procesos electorales.