Intervención alertó sobre fallos en adjudicaciones a Crespo Gomar

La Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en «la práctica totalidad» de los adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en relación con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís.

Tras estudiar una denuncia del diputado del PP y ex vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, la jueza que se hizo cargo de la investigación -la misma encargada del caso del accidente de metro de 2006- vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación.

Por ello, en un auto fechado el pasado mes enero la titular de Instrucción 21 acordó la inhibición de la investigación en favor de dos Juzgados de Madrid, uno de Benidorm y otro de Gandia, si bien, a juicio del fiscal, los posibles delitos de financiación ilegal están prescritos. La magistrada encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 y Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.

La jueza considera que «indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.

«Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar», añade el auto.

Contratos a Crespo Gomar

En la documentación aportada a la causa aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa, como firmas que supuestamente se hicieron cargos de facturas por servicios prestados a los citados partidos. La jueza expone además en su escrito que el PSPV-PSOE abonó a Crespo Gomar 79.663 euros en 2007 y 325.094 en 2008, y que esta misma firma recibió, al menos, contratos por 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad, por 126.208 desde el Ministerio de Vivienda y 159.362 euros desde el Ayuntamiento de Gandia.

En 2009, y desde esta misma Administración local, Crespo Gomar fue adjudicataria de servicios por 104.737 euros, y en 2010 por importe de 103.672 euros.

Además, cita otros posibles contratos en los que pudo resultar favorecida esta firma, a través de la excandidata a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu, posteriormente designada directora general de Consumo por el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria, con quien trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).