La expropiación del Hospital de Dénia costaría más de 100 millones

El Consell no ha tenido en cuenta que Ribera Salud puede ejercer el derecho de tanteo

El departamento de salud La Marina Alta, que incluye el Hospital de Dénia, es el primero que la Generalitat pretende revertir al sistema público. Así lo anunció la semana pasada el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien aseguró que en caso de no poder adquirir las acciones necesarias, se procedería a la expropiación del centro.

Sin embargo, la propuesta de Puig presenta varias lagunas. Por una parte, la adquisición del paquete accionarial de DKV (empresa alemana propietaria del 65 por ciento de los títulos) es más que complicada, puesto que Ribera Salud, dueña del 35 por ciento restante, tiene derecho de tanteo, como en cualquier sociedad limitada, un derecho que ejercería y que imposibilitaría esta compra. La adquisición, en cualquier caso, supondría un desembolso para las arcas públicas de 60 millones de euros.

La otra alternativa, la expropiación del recinto sanitario, sería todavía más cara, puesto que habría que indemnizar a las dos empresas propietarias (lo que se conoce como lucro cesante) con más de cien millones de euros.

Ambas operaciones se prolongarían en el tiempo, la primera más que la segunda, pero, sobre todo, son harto complicadas desde el punto de vista legal.

Otro factor ha tener en cuenta es el permiso que habría que solicitar al Ministerio de Hacienda. Esto se debe a que la Comunitat Valenciana recibe dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en parte condicionado a la Ley de Racionalización del Sector Público, es decir, reducir y limitar las inversiones en empresas públicas. Sin duda, la compra de un hospital entraría en confrontación con esta Ley y el Ministerio podría no aprobar dicha operación.

Desde el sector empresarial se muestran sorprendidos por la «improvisación» del anuncio de Ximo Puig, puesto que podría parecer que la medida no se ha consultado ni estudiado todo lo que debería. Además, aseguran que teniendo en cuenta el estado de las cuentas valencianas, con un déficit de más del 2,5 por ciento que supera con creces el techo del 0,7 fijado por el Gobierno central, la Generalitat no se encuentra en condiciones de realizar ese tipo de desembolsos.

Además, recuerdan que el Consell adeuda todavía 150 millones de euros a empresas privadas en concepto de conciertos sanitarios, por lo que «no tiene sentido» que quieran realizar ahora un nuevo gasto. Fuentes empresariales se muestran también preocupadas por la «obcecación» de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, contra el modelo de colaboración público-privada en el sector sanitario, lo que se conoce como «modelo Alzira».

Puig anunció que ha pedido a los consellers de Sanidad y de Hacienda que inicien las conversaciones con la empresa DKV para conseguir esa reversión, si bien desde el sector empresarial subrayan que tras estas declaraciones no se ha producido ninguna nueva manifestación por parte de ningún miembro del Consell, lo que podría deberse a que «se han dado cuenta de que es una metedura de pata».

Para el jefe del Consell la reversión de los centros sanitarios algo que es «absolutamente necesario» y debe hacerse «garantizando el interés general de los valencianos», porque no se pueden «despilfarrar» recursos que no se tienen, que es precisamente lo que el sector privado cree que se está haciendo.