Caso Campeón

La juez no ve motivos para reabrir la causa del accidente del metro

La portavoz de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro, Beatriz Garrote, se personó en la causa
La portavoz de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro, Beatriz Garrote, se personó en la causalarazon

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la petición del Ministerio Fiscal para reabrir la investigación sobre el accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006.

Considera su señoría que los tres motivos aducidos por el Ministerio Público no son suficientes, y que ni siquiera son novedosos, por más que se obstinen los dos fiscales proponentes, «dado el tiempo trascurrido», las distintas diligencias de investigación que se practicaron y el resultado de las mismas. Asimismo, recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo para reabrir una causa.

En primer lugar habla del Informe Técnico Policial que elaboró la Brigada Provincial de Policía Científica, donde «resulta evidente que las primeras señales de descarrilamiento se detectan una vez ya iniciada la curva».

También se refiere al informe pericial aportado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en el que se incluye una prueba realizada por ordenador en que concluye que cualquier tren de las características del accidentado, aún recién salido de la fábrica, habría descarrilado al entrar en la curva a velocidad superior a los 80 kilómetros por hora.

Además, recuerda el informe del perito judicial, y otros informes como el historial laboral del maquinista. De todo ello concluye que ninguna de las tres causas argumentadas por la Fiscalía para reabrir el caso, son suficientes para hacerlo.

La primera de ellas es la no valoración de los resultados arrojados por el equipo FAP móvil obrantes a los folios 515 y 516 incorporados al Informe Técnico Policial. Puntualiza que «la lectura de eventos o registro del equipo FAP móvil fue uno de los primeros datos que se incorporó a la causa» y añade que «sigue sorprendiendo el Ministerio Fiscal manifestando que los registros FAP no fueron valorados por el perito».

La segunda causa alegada son los descarrilamientos previos de la unidad accidentada, de los que, según la juez, «tuvo conocimiento previo y pleno el Ministerio Fiscal». Aunque el perito no hubiera tenido conocimiento previo de estos descarrilamientos, no puede colegirse que las conclusiones finales de su informe hubiesen sido diferentes.

Y ello, por que la juez parte de la base de que el descarrilamiento se produjo por velocidad excesiva, y no por fallos de los 'bogies' como había ocurrido anteriormente, y considera lógicamente inexorables las leyes de la Física que hicieron inevitable el accidente, incluso de un tren «recién salido de fábrica».

En esta línea, considera que nada aporta el último de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal y que nada cambia la determinación de la juez, y es el hecho de que exista un informe sobre «la necesidad de adquisición de 20 unidades (...) por la dificultad de la obtención de repuesto. Si el accidente fue inevitable por la velocidad del convoy, nada cambia la existencia de este informe.

El Ministerio Fiscal recurrirá muy probablemente el auto hoy o mañana.