Las incógnitas de la AP-7 a seis meses de su reversión

Los contratistas exigen saber cómo se va a garantizar su conservación así como la ejecución de las conexiones para hacerla operativa

Los contratistas exigen saber cómo se va a garantizar su conservación así como la ejecución de las conexiones para hacerla operativa

La liberalización de la AP-7 se ha convertido en una prioridad tanto para el Gobierno central como para el nuevo Consell del Botànic. La exigencia de su gratuidad incluso aparece recogida en el programa suscrito el pasado miércoles en Alicante.

Sin embargo, la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana advierte de que todavía quedan muchos aspectos por abordar cuando solo quedan seis meses para que la concesionaria levante las barreras de peaje.

El Ministerio de Fomento, que encabeza en funciones el socialista valenciano José Luis Ábalos, ha asegurado que no renovará el contrato de concesión de la AP-7. No será la excepción. El compromiso es actuar de la misma manera en todos los peajes hasta 2021, conforme vayan caducando las concesiones e incluso, si es posible, rescatarlas antes.

No obstante, ha admitido en diferentes ocasiones sobre la necesidad de buscar fórmulas para asegurar su conservación.

«El Estado tiene muchos kilómetros que mantener. Durante la crisis la red no ha parado de crecer y paralelamente se han ido detrayendo los presupuestos para seguridad y mantenimiento. Ni este ni ningún Gobierno tiene capacidad para conservar las carreteras vía Presupuesto».

Con esta afirmación, que el ministro realizó en el Fórum Europa celebrado el pasado mes de abril en Valencia, dejaba abiertas muchas posibilidades que, a día de hoy, no se han concretado.

Tasa por uso

Los contratistas explican que la respuesta a esta situación puede llegar a través de la Unión Europea que, a través de sus directivas, puede exigir la aplicación de una tasa por uso finalista- que se deba emplear únicamente en el mantenimiento o construcción de carreteras- para todas las autovías de alta capacidad. Sería, al menos de momento, la única solución para paliar el déficit de conservación que el propio Ministerio de Fomento cifra en 7.200 millones en el conjunto de España y que los contratistas valencianos traducen a 390 millones en el ámbito autonómico. En esta cantidad todavía no se ha sumado el coste de mantener la AP-7 que se calcula en 320 millones.

Los enlaces

Para que la liberalización beneficie a los usuarios de uso diario es necesaria la construcción de siete conexiones para enlazar las nacionales 340 y 332. A día de hoy, únicamente la de Oliva Sur fase I- variante de la Safor ha sido licitada por 28 millones. Su adjudicación no se realizará, como mínimo hasta septiembre, y el plazo de construcción es de 29 meses.

El resto de actuaciones, consensuadas entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento, están totalmente paralizadas. En diciembre de 2018 el Gobierno socialista prometió la firma de un convenio para garantizar la construcción de estas vías. A día de hoy, no hay noticias de que se hayan producido avances.